A principios de septiembre estalló la polémica cuando vecinos y organizaciones no gubernamentales de Ituzaingó denunciaron que en la Unidad Penal 39 de San Alberto los internos salían para armar “picados” de fútbol en la vereda, molestaban a los habitantes de la zona y, en muchos casos, compraban y consumían bebidas alcohólicas a la vista de todos. La denuncia causó un terremoto en el ambiente penitenciario, por lo que se ordenaron varias medidas restrictivas, aunque se reconoció que el problema surge porque no hay una adecuada cantidad de efectivos para controlar el predio. La situación empeoraba porque a fines de agosto se habían fugado tres internos. La noticia se conoció en medio del escándalo por los internos que salían a “pasear” por la zona, y llevó mucha preocupación en la región. Las autoridades mantuvieron bajo un estricto hermetismo todas las medidas que se tomaron, sin embargo fuentes penitenciarias comentaron que “se reforzó toda la seguridad, dado que la denuncia de los vecinos era ciertamente peligrosa para la convivencia pacífica que se pretende”.
Cortar el alambre
En torno al escape de los presos, al principio se había informado que se trataba de personas incluidas en el programa denominado extramuros, que cuentan con salidas transitorias para realizar diversas actividades, sin embargo ahora se indicó que, en rigor, se trata de internos “comunes”, que “estaban jugando un partido dentro del predio, y aprovecharon para escaparse, cortando el alambrado perimetral, porque no había guardias suficientes para controlarlos”. Una fuente penitenciaria, en diálogo con este diario, explicó que “los detenidos que se dieron a la fuga ya fueron aprehendidos, y son muchachos que estaban alojados en el ala de máxima seguridad de la unidad, quienes ante la falta de un guardia en determinado sector, aprovecharon la ocasión para cortar un alambre, pasar por abajo y darse a la fuga”. En torno a la peligrosidad de los sujetos, el vocero indicó que “tenían condenas por robos reiterados, con uso de armas de fuego, pero tras las capturas fueron derivados a otras instituciones, en un caso específico fue enviado a la unidad de Melchor Romero”. La fuente explicó que se realizaron reuniones con vecinos del barrio San Alberto, donde “se llevó tranquilidad a la población, y se informó que se tomarían medidas especiales para que no se repitan situaciones que podrían derivar en hechos traumáticos”. De igual modo, precisó que “afortunadamente, hasta ahora no se registraron problemas mayores, como agresiones o delitos que tuvieran como víctimas a vecinos, pero es cierto que algunos episodios causaron temor”. En torno al tema, varios concejales y organizaciones no gubernamentales tuvieron encuentros con autoridades del servicio penitenciario, a fines de tomar contacto con las medidas implementadas. En estas reuniones se reconoció la existencia de la falta de personal para brindar seguridad, al mismo tiempo que se habló de recursos económicos insuficientes. Los ediles plantearon su preocupación por el programa extramuros, ya que ese beneficio debería ser aplicado en zonas rurales, con poca densidad demográfica, y no en barrios residenciales como San Alberto.
Monitoreo permanente
En tanto, Alicia Angiono, titular de Madres y Familiares de Víctimas, comentó que “las autoridades se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para resolver este problema, que mantiene preocupados a los vecinos”, y aclaró que “nadie está en contra de los programas de reinserción de los internos, de hecho nosotras colaboramos con la biblioteca del penal, pero está claro que el monitoreo debe ser permanente para que no se generen episodios complicados”. “Todo pasa porque los directivos de esa unidad y las autoridades del organismo hagan su trabajo de forma seria, consciente y segura, como la situación lo merece, dado que estamos hablando de gente que está ahí detenida por delitos cometidos y el vecindario se siente inseguro cuando los mismos caminan por el barrio sin la correspondiente vigilancia”, indicó Angiono. Un dato en relación a la argumentada falta de personal en la unidad, fue revelado por los concejales que se acercaron al predio, a quienes les informaron que sólo se contaba con un centenar de efectivos, para una población carcelaria que requiere de al menos el doble. Así las cosas, desde La Plata se indicó que “todo está siendo analizado para responder a la brevedad a las necesidades de este espacio”.
Cortar el alambre
En torno al escape de los presos, al principio se había informado que se trataba de personas incluidas en el programa denominado extramuros, que cuentan con salidas transitorias para realizar diversas actividades, sin embargo ahora se indicó que, en rigor, se trata de internos “comunes”, que “estaban jugando un partido dentro del predio, y aprovecharon para escaparse, cortando el alambrado perimetral, porque no había guardias suficientes para controlarlos”. Una fuente penitenciaria, en diálogo con este diario, explicó que “los detenidos que se dieron a la fuga ya fueron aprehendidos, y son muchachos que estaban alojados en el ala de máxima seguridad de la unidad, quienes ante la falta de un guardia en determinado sector, aprovecharon la ocasión para cortar un alambre, pasar por abajo y darse a la fuga”. En torno a la peligrosidad de los sujetos, el vocero indicó que “tenían condenas por robos reiterados, con uso de armas de fuego, pero tras las capturas fueron derivados a otras instituciones, en un caso específico fue enviado a la unidad de Melchor Romero”. La fuente explicó que se realizaron reuniones con vecinos del barrio San Alberto, donde “se llevó tranquilidad a la población, y se informó que se tomarían medidas especiales para que no se repitan situaciones que podrían derivar en hechos traumáticos”. De igual modo, precisó que “afortunadamente, hasta ahora no se registraron problemas mayores, como agresiones o delitos que tuvieran como víctimas a vecinos, pero es cierto que algunos episodios causaron temor”. En torno al tema, varios concejales y organizaciones no gubernamentales tuvieron encuentros con autoridades del servicio penitenciario, a fines de tomar contacto con las medidas implementadas. En estas reuniones se reconoció la existencia de la falta de personal para brindar seguridad, al mismo tiempo que se habló de recursos económicos insuficientes. Los ediles plantearon su preocupación por el programa extramuros, ya que ese beneficio debería ser aplicado en zonas rurales, con poca densidad demográfica, y no en barrios residenciales como San Alberto.
Monitoreo permanente
En tanto, Alicia Angiono, titular de Madres y Familiares de Víctimas, comentó que “las autoridades se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para resolver este problema, que mantiene preocupados a los vecinos”, y aclaró que “nadie está en contra de los programas de reinserción de los internos, de hecho nosotras colaboramos con la biblioteca del penal, pero está claro que el monitoreo debe ser permanente para que no se generen episodios complicados”. “Todo pasa porque los directivos de esa unidad y las autoridades del organismo hagan su trabajo de forma seria, consciente y segura, como la situación lo merece, dado que estamos hablando de gente que está ahí detenida por delitos cometidos y el vecindario se siente inseguro cuando los mismos caminan por el barrio sin la correspondiente vigilancia”, indicó Angiono. Un dato en relación a la argumentada falta de personal en la unidad, fue revelado por los concejales que se acercaron al predio, a quienes les informaron que sólo se contaba con un centenar de efectivos, para una población carcelaria que requiere de al menos el doble. Así las cosas, desde La Plata se indicó que “todo está siendo analizado para responder a la brevedad a las necesidades de este espacio”.
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