El Concejo Deliberante de Hurlingham declaró persona no grata al padre Julio César Grassi e impondrá medidas restrictivas contra el cura, quien continúa en libertad a pesar de haber sido condenado a 15 años de prisión en dos instancias judiciales. En una presentación realizada días atrás, Estela de Carlotto y Nora Schulman -presidenta y directora respectivamente del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN)- solicitaron a los concejales y al intendente Luis Acuña que lo declaren persona no grata. También se solicitó la reubicación del sacerdote y que se restrinja su circulación en el distrito, donde se encuentra la Fundación Felices los Niños y la casaquinta La Blanquita, donde pasa gran parte del tiempo. Según se informó, los concejales expresaron su “enérgico repudio a la virtual situación de privilegio por la que se le concede beneficios extraordinarios al condenado”, y plantearon “una extensa restricción perimetral con impedimento de contacto, aún acompañado, del mencionado clérigo con la institución”.
Repudio
Hilda López, titular del Concejo Deliberante, expresó que “con toda honestidad y cordialidad vamos a solicitar que se cumplan con las restricciones que piden desde ese organismo”. La misiva de Carlotto y Schulman se debió “a la inacción judicial”, ya que de mantenerse “esta situación arbitraria e inédita se encontrarán violados los dispositivos de Tratados Internacionales por cuya vigencia y aplicación debemos velar”. El mes pasado, la Cámara de Casación ratificó el fallo del Tribunal Oral Nº 1 de Morón, que había condenado al cura a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, pero se declaró incompetente para mandarlo a la cárcel. La querella y la fiscalía apelaron la medida ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, donde la próxima semana el abogado querellante Juan Pablo Gallego tendrá una audiencia para “terminar con este absurdo, ante la evidente gravedad institucional y la posible responsabilidad internacional del Estado, derivada del privilegio de libertad otorgado a un pederasta condenado en dos instancias”, indicó. Luego justificó que “se ha consagrado una repugnante desigualdad, beneficiando al autor de los peores crímenes”.
Repudio
Hilda López, titular del Concejo Deliberante, expresó que “con toda honestidad y cordialidad vamos a solicitar que se cumplan con las restricciones que piden desde ese organismo”. La misiva de Carlotto y Schulman se debió “a la inacción judicial”, ya que de mantenerse “esta situación arbitraria e inédita se encontrarán violados los dispositivos de Tratados Internacionales por cuya vigencia y aplicación debemos velar”. El mes pasado, la Cámara de Casación ratificó el fallo del Tribunal Oral Nº 1 de Morón, que había condenado al cura a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, pero se declaró incompetente para mandarlo a la cárcel. La querella y la fiscalía apelaron la medida ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, donde la próxima semana el abogado querellante Juan Pablo Gallego tendrá una audiencia para “terminar con este absurdo, ante la evidente gravedad institucional y la posible responsabilidad internacional del Estado, derivada del privilegio de libertad otorgado a un pederasta condenado en dos instancias”, indicó. Luego justificó que “se ha consagrado una repugnante desigualdad, beneficiando al autor de los peores crímenes”.
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