“Los fines de semana, los días viernes, hay pocos jefes, y los subalternos se drogan, se emborrachan, hacen fiestas, generan negociados con familiares de los detenidos para ingresar drogas y facas. Esto hace que sea la propia visita un polvorín a punto de estallar”, declaró Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín. Casolati fue el único funcionario judicial que se acercó a la Unidad 48 apenas se enteró de lo sucedido el sábado 28 de agosto, a partir de los llamados de los familiares de los detenidos. Durante el recorrido a las instalaciones del penal que realizó el 1º de septiembre, encontró en las bolsas donde los agentes penitenciarios arrojan sus residuos seis cajas de tetra, dos botellas de vino, una de licor y un “Fernandito” (mezcla de Fernet con cola). El servicio penitenciario de San Martín, en palabras de Casolati, “trabaja con la amenaza constante, directa y concreta de trasladar a cualquier interno que denuncia cualquier hecho irregular”. El traslado significa ser apartados de sus familias, a unidades carcelarias lejanas, entonces internos no quieren denunciar las vejaciones que padecen. Sólo los estudiantes universitarios se encuentran amparados por una resolución administrativa que prohíbe al servicio el traslado de esos internos. El resto de los internos, que no cursan en la Universidad, se encuentran desprotegidos y a la espera de la decisión arbitraria de los jefes del servicio sobre sus destinos.
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