La medida se realizó en representación de los vecinos que acceden a ese descuento conforme a la Resolución N° 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería (art. 5°), y que perderán el beneficio que ahora se encuentra limitado por un consumo arbitrariamente bajo.
Al respecto, Katopodis señaló: “La tarifa social tenía como objetivo subsidiar y proteger a los hogares más vulnerables, por eso debe ser ágil, justa e inclusiva. Este es un gobierno que se maneja con una planilla Excel, sin mirar que detrás hay familias, PyMEs y clubes”.
La acción de amparo presentada ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 en los términos de la Ley 16.986 se presentó contra el Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Energía y Minería-, y contra el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).
En este sentido, se pide que el Estado Nacional brinde un nuevo esquema de precios y tarifas para los usuarios y consumidores de servicios públicos de suministro de Gas beneficiarios de la Tarifa Social, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente.