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El juez Sebastián Casanello ordenó operativos en la obra social de empleados rurales (Osprera) y en la Superintendencia de Salud. Se buscan pruebas de contratos sospechosos por más de $7.700 millones.
La Justicia federal puso bajo la lupa a Osprera, la obra social del gremio de trabajadores rurales. Este miércoles, el juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en la sede central de la entidad y en la Superintendencia de Salud (SSS). El objetivo es obtener documentos y pruebas sobre contratos firmados con la droguería Suizo Argentina -propiedad de la familia Kovalivker- que en los últimos meses recibió pagos por cifras multimillonarias.
Los operativos, realizados por la Policía Federal en Reconquista al 600, buscan aclarar cómo se manejaron las finanzas tras la intervención de la obra social. En apenas cinco meses, Suizo Argentina cobró más de $7.700 millones.
El caso comenzó con una denuncia de José Voytenco, líder del gremio Uatre, contra sectores internos enfrentados. El fiscal Guillermo Marijuán investiga posibles irregularidades en los manejos de la intervención. Entre los apuntados figuran el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el interventor Marcelo Petroni; y el diputado Pablo Ansaloni.
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Peritajes telefónicos revelaron comunicaciones frecuentes entre Petroni y funcionarios de peso, como Cordero y Eduardo “Lule” Menem. Incluso, se mencionan reuniones en la Casa Rosada con dirigentes políticos.
Por ahora, el expediente permanece bajo secreto de sumario, pero las medidas de Casanello marcan un avance clave. La Justicia busca determinar si existió un esquema de favores y pagos indebidos alrededor de la obra social y sus proveedores médicos.