Otros dos presos que habían escapado junto a otros cinco reclusos de una comisaría de la localidad de Villa Ballester quedaron recapturados, uno de ellos luego de evadir un control de Gendarmería Nacional en José León Suárez y el otro al entregarse, acompañado por un abogado, en los Tribunales de San Martín.
En consecuencia, resta localizar a dos de los evadidos, ya que los tres restantes resultaron detenidos, a las pocas horas de concretarse el episodio en inmediaciones de la seccional.
Los últimos dos detenidos son Carlos Emanuel Ortiz (de 18 años), acusado del homicidio un zapatero ocurrido el último 13 de junio durante el robo en su local de la calle Balcarce al 3000 de Villa Ballester, y Pedro Alberto Sayes (27).
Sobre Ortiz se supo que ayer, en horas de las mañana, se entregó en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 5 de San Martín, hasta donde llegó acompañado por su abogado defensor, Jorge Borgo, con quien pactó ponerse a disposición de la Justicia.
‘Me entregué porque quiero hacer las cosas bien’, dijo el joven, mientras era custodiado por policías en su ingreso a la fiscalía que investiga la fuga.
El acusado de matar al zapatero aseguró que huyó de la dependencia ‘apretado’ por el resto de los detenidos que escaparon, que ‘tenía mucho miedo’ y que ahora está ‘tranquilo por haberse entregado’, tras lo cual aseguró que es inocente del crimen que se le imputa.
Por su parte, el abogado Borgo se manifestó en el mismo sentido: ‘Ellos se fugan y él sigue a sus compañeros para evitar represalias, él no fue el ideólogo de la fuga, nada que ver’. Además, el letrado agregó que, tras la evasión, Ortiz se fue a la casa de unos amigos (donde permaneció oculto) y que él se contactó con la madre, a quien le aconsejó que le dijera que se pusiera a derecho para mejorar su situación procesal. Sobre la causa de homicidio que pesa contra el joven, el abogado admitió que él se encontraba junto al grupo de personas que mató al zapatero Eduardo Herrlein, aunque ‘no fue el que lo ejecutó’ y dijo que eso es lo que va a declarar.
El otro recapturado, en tanto, fue atrapado ayer, por la madrugada en, un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y personal del Destacamento Vial del Camino del Buen Ayre de la Policía bonaerense. Sayes, quien estaba detenido por “tentativa de robo y homicidio”!, se movilizaba en un Peugeot 206 junto con otro hombre y había logrado fugarse de un operativo de control en las calles Andrade y 41 de José León Suárez.
Ahora sólo resta localizar a dos prófugos: Jesús Leonardo López (32), que estaba detenido por robo agravado, y Fabián Sorrentino (38), por infracción a la ley de drogas.
La fuga ocurrió cerca de las 23 del domingo pasado en la comisaría 2da. de San Martín, situada en el boulevard Ballester 164, en Villa Ballester. Allí, siete de los doce presos alojados en una de las celdas lograron romper la reja del techo y escaparon sin ser vistos por el personal policial que en ese momento se hallaba en la dependencia, de acuerdo a la versión oficial.
Apenas fue descubierto el hecho, se ordenaron distintos operativos de búsqueda y dos de los siete presos fueron encontrados refugiados en un colegio, ubicado justo detrás de la comisaría.
Esos presos fueron José Luis Fernández, quien estaba detenido por infracción a la ley de drogas, y Sebastián Díaz, por robo reiterado, mientras que unos minutos más tarde fue encontrado Emiliano Sánchez Acosta, quien tiene una causa por robo, en el cruce de las calles Martín Lange e Industria, de Villa Ballester, a unas 20 cuadras de la seccional policial.
Tras la fuga, la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a tres efectivos que se hallaban en ese momento en la seccional, entre ellos el comisario Daniel Franco Correa, titular de la dependencia, tras considerar que actuó con ‘negligencia, falta de control y supervisión’.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, las comisarías de la Policía de la provincia de Buenos Aires alojan actualmente a 3.035 detenidos, lo que representa una superpoblación del 192,1 por ciento, es decir, que casi dos de cada tres presos que hay en una seccional no debería estar allí.