Política
Lo hizo la Oficina Anticorrupción a modo de "recomendación", a través de un dictamen en el que se esfuerza en aclarar que el ministro no incurre en un conflicto de intereses por haber sido CEO de la empresa
Tanto aclaró la Oficina Anticorrupción que terminó por exponer a Juan José Aranguren en una de sus facetas más polémicas: la de los intereses cruzados entre su cargo, ministro de Energía, y sus acciones en Shell, la petrolera de la que fue su CEO. Todo en el marco, claro, del tarifazo que lo tiene como principal protagonista.
El ente que dirige Laura Alonso hizo público un dictamen en el que aclara que el funcionario "no incurre" en conflicto de intereses por haber sido CEO de la empresa y "no tiene obligación legal" de deshacerse de las acciones, pero desliza el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.
El funcionario reconoció en su declaración jurada del 31 de diciembre pasado que posee acciones en Royal Dutch Shell PLC por $16.326.051,67. De esa información se valió el diputado del Frente para la Victoridenunciarlo por presunto incumplia Martín Doñate para miento de la ley de ética pública, y el juez federal Luis Rodríguez para imputarlo.
En esas aguas Aranguren comenzó a navegar cada vez más solo, teniendo en cuenta que incluso legisladores aliados expresaron sus dudas al respecto. Encima, desde la oposición le tiraban con munición gruesa por los efectos del tarifazo. Sostenerlo se le puso cuesta arriba a Mauricio Macri, al punto de crear un cuerpo especial para asesorarlo y no ceder así en una de sus principales batallas.
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También blanco de las críticas, Alonso desde la AO dijo que la Ley 25.188 "no establece un impedimento para acceder al cargo público derivado de una actividad privada que, hasta el momento de su designación, hubiera desarrollado el postulante". Y que "la ley no prohíbe la participación societaria en el capítulo destinado a conflictos de intereses".
Sin embargo, el organismo avanzó en la recomendación de que se desprenda de la tenencia "bajo el prisma de las pautas y deberes de comportamiento que deben respetar quienes cumplen una función pública".
"El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores", agrega.
Por otro lado, la OA minimizó la responsabilidad de Aranguren en la compra de siete cargamentos de gas oil a Shell por parte de Cammesa (la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista) con el argumento de que el ministro no interviene en las etapas de contratación.
Sin embargo, remarcó que Aranguren "deberá abstenerse" de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell y le reclamó "transparencia en la toma de decisiones", así como también "abstenerse de utilizar información" en beneficio de intereses privados.
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