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El expresidente habló de su relación con el broker Héctor Martínez Sosa, aseguró que nunca lo favoreció, y pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declarar como testigos a Vilma Ibarra, a Juan Pablo Cafiero, a Miguel Pesce y a Martín Guzmán.
Alberto Fernández amplió este viernes su declaración indagatoria ante Sebastián Casanello, juez que tiene a su cargo la Causa Seguros. Durante casi dos horas, el expresidente que además está procesado en la investigación por violencia de género contestó preguntas y trató de explicar el origen de las facturas que había emitido a favor del broker Héctor Martínez Sosa durante diez años.
Según consta en u ninforme de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), entre 2010 y 2019, el exmandatario le facturó a la pareja de su histórica secretaria por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción.
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El informe de la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, demuestra un vínculo comercial constante durante más de nueve años. En total, Fernández le facturó a la empresa de “Hecky” un total de $4.257.000. El año de mayor facturación fue 2019, con $1.422.000. “Héctor Martínez Sosa SA le efectúo retenciones bajo los conceptos: Impuesto a las Ganancias por locación obra y/o servicios, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio como síndico, o director de S.A”, destaca el estudio ingresado al expediente la semana pasada.
Fernández ya había sido indagado en noviembre del año pasado, pero en ese momento la causa estaba a cargo del juez Julián Ercolini. En esa declaración, el expresidente solamente respondió las consultas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, normativa que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
Sobre los intermediarios que aparecían en las pólizas, Fernández aseguró en ese momento que no habían generado "una erogación del erario público” y destacó que se limitaron las comisiones al 10 por ciento por una decisión interna de Nación Seguros. Además, el expresidente intentó despegarse de los brokers: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros, quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.
Ahora, ante una inminente definición de su situación procesal, pidió ampliar su indagatoria y Casanello lo citó ayer para que se presente hoy mismo. “Explicó que no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica. Además explicó que el decreto es legítimo, jamás menciona a brokers, ni a intermediarios”, dijo su abogada luego de la declaración.
En su indagatoria, según indicó Infobae, Fernández habló de su relación con Martínez Sosa, aseguró que nunca lo favoreció, y pidió al juez que cite a declarar como testigos a Vilma Ibarra, a Juan Pablo Cafiero, a Miguel Pesce y a Martín Guzmán.
Una buena para Alberto Fernández
Este jueves, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes de Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Casanello resuelva la situación procesal de todos. El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados.
Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad. Varias defensas apelaron y esperaban hace semanas una definición. Esa demora agitó los rumores sobre la cercanía de los procesamientos.
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Además del exmandatario, la inhibición afectaba extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del expresidente, a las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total, hay 51 personas y empresas implicadas.
En un fallo dividido, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares no se justifican ante la falta de una definición sobre la situación procesal de los imputados. “Considero que en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”, expresó en su voto el camarista Martín Irurzun.
En tanto, Eduardo Farah destacó que las indagatorias se hicieron hace más de seis meses. “Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso", opinó. En cambio, Roberto Boico votó en disidencia por mantener las inhibiciones.