El dato surge de la declaración jurada que el ministro presentó el jueves pasado ante la Oficina Anticorrupción y que corresponde a su situación patrimonial de 2015.
Los voceros explicaron al diario La Nación que no hay incompatibilidades entre la propiedad de las acciones de Shell y el rol actual de Aranguren en el Gobierno nacional (que debe, entre otros objetivos, promover y controlar la producción de hidrocarburos. Desde el ministerio aclararon: "La única restricción que impone la ley es que el ministro no puede tomar decisiones particulares sobre Shell, dado que esa empresa fue su anterior empleador".
En su artículo 15°, la ley de Ética Pública indica que los funcionarios deben "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria".
En el primer semestre de gestión de Aranguren, cuando el ministerio de Energía tuvo que tomar alguna decisión puntual sobre Shell, las resoluciones fueron firmadas por el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda o por el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg.
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