Cambios en la aplicación de la "legítima defensa"

La llamada 'Ley Ómnibus', elaborada por el oficialismo para establecer cambios en materia económica, tributaria, electoral, laboral, penal y energética, pretende cambiar el artículo vigente que regula la 'legítima defensa'. Esto implica una despenalización del uso de la fuerza para quien pueda defenderse ante determinadas situaciones delictivas.

Es decir, quien se sienta amenazado por alguien, ya sea porque entró a su domicilio sin autorización o lo amenazó con un arma, incluso si fuera falsa, podrá matarlo, y no será punible.

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La no imputabilidad se aplicaría para circunstancias en las cuales, en una casa propia o donde se descanse, una persona se defienda si:

• Se encuentran señales que pudieran hacer presumir una "agresión inminente".
  
  
• Cuando haya "una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual".
  
  
• "Se esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena".

Una doctrina basada en el caso “Chocobar”

En el caso de las fuerzas de seguridad, la reforma del artículo 34 del Código Penal plantea como no punibles aquellos hechos en los que "en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".

De acuerdo con la normativa vigente, las fuerzas de seguridad pueden hacer uso de arma de fuego "cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo".

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Asimismo, el proyecto de Milei reinstala la doctrina de la "obediencia debida" para los efectivos policiales en el cumplimiento de su deber. Esto implica que los uniformados podrán esgrimir que respondieron a la orden de un superior, y tampoco les cabría un castigo.

En lo que respecta a las fuerzas de seguridad, los cambios que propone el Gobierno de Milei remiten a la cuestionada “doctrina Chocobar”, llamada así por el policía Luis Chocobar, a quien defendió el Gobierno de Mauricio Macri luego de que, en 2017, disparara por la espalda a un hombre que, tras cometer un robo, se dio a la fuga.

En 2021, el oficial en cuestión fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitado 5 años para ejercer cargos públicos, por el delito de "homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber".