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El juez Sebastián Casanello dispuso la medida, sin prisión preventiva. Son 18 los imputados en total, entre funcionarios y empresarios, señalados por negociaciones incompatibles y sobreprecios.
La Justicia dio un paso clave en la causa que investiga actos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Diego Spagnuolo, quien supo ser el titular del organismo.
Diego Spagnuolo, extitular del ANDIS, fue procesado por corrupción sin prisión preventiva.
La medida también afecta al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija Ornella Calvete y a otros 14 imputados. A Spagnuolo se lo acusa de delitos graves como asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra la administración pública nacional, disponiéndose además un embargo sobre sus bienes por más de 200 millones de pesos.
Para el magistrado, la investigación ”permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos".
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En el fallo, Casanello advirtió que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. La investigación detectó que dentro del organismo se aplicó una lógica de privilegios y sobreprecios que beneficiaba a empresas interesadas en contratar con el Estado. En este esquema, la figura del empresario Miguel Calvete aparece como un actor central que habría traficado influencias para facilitar estos negocios ilícitos.
El juez mencionó que “dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. También apuntó que estas prácticas se extendieron fuera de la agencia, involucrando a Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, y su círculo cercano, con manejos alejados de la transparencia que debe regir en las compras públicas. El magistrado indicó que “ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado”. Entre la lista de procesados también figura el médico Pablo Atchabahian, quien tuvo funciones en el organismo durante el año 2018.
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