Cristina Kirchner recusó a un juez de la Corte: "Su objetivo es dejarme fuera del proceso electoral"

La dos veces presidenta y una vicepresidente, entre otros cargos públicos que ocupó en las últimas décadas, denunció que el magistrado busca dejarla fuera de competencia para las elecciones. Si el pedido de apartamento prospera, el máximo tribunal se quedaría solo con dos jueces, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

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Esta situación llevaría a recurrir a un sorteo de la lista de conjueces para sumar a integrante más cuando la Corte resuelva si confirma o no la condena contra Cristina Kirchner. Si lo hace, la líder del PJ deberá cumplir su pena y quedará inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

"Hoy en la Causa Vialidad recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas “en off” vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación", indicó CFK a través de un posteo que subió a X.

Luego, continuó: "En ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso. Estos hechos fueron denunciados por una senadora nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje".

"Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos. En realidad, nada nuevo bajo el sol: proscribir es el verbo… y el sujeto, el peronismo", completó para luego sumar a modo de apartado distintos textos periodísticos y una recomendación final: "Si no tenés tiempo o ganas de leer todo el escrito, te recomiendo la lectura del punto IV: 'La situación contextual. Los hechos'”.

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A mediados de abril, la Corte Suprema de Justicia activó la Causa Vialidad y la envió a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal dictamine si corresponde revisar la pena de seis años o agravarla a 12 años de prisión, como solicitó el fiscal Mario Villar.

Si bien la opinión del orocurador no es vinculante, es decir, que la Corte puede sostener otro criterio, significa el primer paso del tribunal en este expediente de alto impacto político e institucional, ya que en esta causa se podría confirmar la condena contra la expresidenta, hecho que le imposibilitaría ser candidata a ocupar cargos públicos.

A fines de mayo, en tanto, la defensa de la dos veces presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista había presentado un recurso de queja, ante el máximo tribunal para pedir su absolución. A través de un comunicado, denunció que el organismo “no respondió ni trató las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas” y cuestionó la “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”.