El último 18 de agosto, la titular de la Oficina Anticorrpución, Laura Alonso, les mandó una carta a todos los ministros para pedirles que obliguen a los "incumplidores" —así llamó a aquellos que no presentaron la declaración jurada— a que hagan su presentación en quince días.
Como el plazo se venció, "el responsable del área de recursos humanos deberá informarle la situación al área responsable de liquidación de haberes, a efectos de que suspenda la percepción del 20% del sueldo hasta que el funcionario acredite haber satisfecho la obligación", advertía la nota electrónica, que fue enviada "con copia" al presidente Mauricio Macri.
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Hasta fines de julio, según un informe del área encabezada por Alonso, de los 47.329 empleados jerárquicos y ex jerárquicos de la administración nacional que este año tenían que informar su patrimonio, solamente lo habían hecho en el tiempo determinado un 52%.
En aquel entonces, entre los ministerios que mostraban las faltas más graves se encontraban Cultura (con sólo el 11% de cumplidores), Ambiente (17%), Cancillería (25%) y Defensa (35%).
Ahora, a partir del castigo estipulado, se aguarda por una mayor cantidad de presentaciones.
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