La medida la dictó el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.
El juez federal Sebastián Casanello dictó este miércoles la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.
La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico – financiero.
Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.
Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos públicos.
Prestadores, transportistas y familiares de personas con discapacidad realizaron una protesta frente a la Quinta de Olivos para reclamar al Gobierno que no avance con una propuesta para reformar el sistema que rige al área, ya que consideran que traería graves consecuencias para el sector.
La movilización llegó hasta el ingreso de la Avenida Maipú, donde se congregaron los manifestantes.
El principal reclamo es que no se desregule el Nomenclador de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, es decir el monto mínimo que deben abonar las obras sociales o prepagas para hacer frente a los distintos tratamientos y/o atenciones que necesita este colectivo.
La posibilidad de que se avance en ese sentido surgió luego de que trascendiera el texto de un proyecto de decreto del Gobierno nacional, elaborado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo.
En caso de concretarse esa modificación, desde el sector auguran que obras sociales y prepagas fijarían valores a la baja de las prestaciones para personas con discapacidad, lo que pondría en jaque al sector.
“Históricamente se ha tenido que luchar con los entes que financian los servicios de atención a personas con discapacidad por no reconocer ellos los costos que implica cumplir con las exigencias que establece la legislación vigente”, se quejaron los organizadores, en una carta enviada al presidente Javier Milei y leída en público frente a la Quinta de Olivos.
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