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Los legisladores avalaron por amplia mayoría esta iniciativa que contempla penas para jóvenes de entre 14 y 18 años que comentan delitos.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la tarde la Reforma de la ley Penal juvenil que establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.
La iniciativa obtuvo 149 votos positivos, 100 negativos, y no se registraron abstenciones.
El régimen, que baja de 16 a 14 la edad de imputabilidad, prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios. El plazo máximo de prisión se estableció en 15 años.
Advierten que no hay presupuesto
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) consiguió el apoyo de aliados como la UCR, Pro y fuerzas provinciales; el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra; el proyecto pasa ahora al Senado.
Sin embargo al momento de la votación en particular, se destacó la postura del diputado Miguel Ángel Pichetto, (Encuentro Republicano Federal) quien había apoyado en general la iniciativa, pero advirtió que no existe presupuesto para las provincias para que financien los establecimientos que deben construirse para alojar a los jóvenes, y los especialistas que deben atenderlos.
Esta posición, que apuntaba al Capitulo 11 de la iniciativa, tuvo la adhesión de bloques aliados, como así también de partidos de izquierda, la Coalición Cívica y del Frente Grande, quien se opuso en general a la iniciativa. Sin embargo fue rechazado por 135 votos que ratificaron la postura oficial, 100 negativo, y 14 abstenciones.
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La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.
Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones y el establecimiento de acuerdos entre las provincias y la Nación para conseguir financiamiento para llevar adelante esta iniciativa.
El debate comenzó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.
“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.