La justicia pide decomisar 141 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad

El pedido incluye 141 propiedades (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez) , además de 46 automotores. También se requirió el decomiso de US$ 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$ 992.134 depositados en una caja de ahorro del Banco de Galicia y $ 53.280,24.

La solicitud responde a que, según señalaron los fiscales, las personas condenadas fueron intimadas a depositar $ 684.990. millones por el delito de Defraudación a la Administración Pública y “todavía no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo venció hace meses. En el dictamen sostuvieron que los condenados “vienen dilatando el recupero de activos” ordenado por sentencia firme y cuestionaron la utilización de “artilugios procesales” que fueron rechazados por los tribunales intervinientes.

El nuevo planteo se enmarca en una segunda tanda de decomisos impulsada por el fiscal Luciani, con el objetivo de cubrir los cerca de 685.000 millones de pesos fijados como monto del perjuicio ocasionado a través de 51 licitaciones consideradas direccionadas, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.

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El extenso listado de bienes incluye propiedades atribuidas a la ex mandataria, a Lázaro Báez en su mayoría, y a otros condenados como José López y Nelson Periotti. Entre los inmuebles mencionados figuran el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, el chalet de la costanera en Río Gallegos, además de casas, terrenos y departamentos en la capital santacruceña.

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El Tribunal Oral Federal N°2, encargado de ejecutar la sentencia, ya había ordenado avanzar sobre bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra investigada. En ese marco, se incluyeron también 19 inmuebles que Cristina Kirchner heredó a sus hijos en 2016, al considerar que fueron incorporados durante la etapa en que se produjo la administración fraudulenta.

Un primer grupo de 111 propiedades ya fue ejecutado y remitido a la Corte Suprema por el juez Jorge Gorini, ya que el máximo tribunal es el encargado de tomar posesión de los bienes recuperados y decidir su destino.

En su dictamen, la fiscalía sostuvo que es fundamental exigir el cumplimiento estricto de la ley para recuperar los activos provenientes de delitos de corrupción y reparar el daño ocasionado a la sociedad, en especial en casos de “gran corrupción”.