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El fallo de la Corte Suprema puso al gobierno en una situación inesperada y adversa, de la que buscó salir a través de una ley que acote los alcances del mismo. El silencio oficial ante otros fallos del Tribunal.
Contribuyó el silencio inicial del oficialismo. Hizo su aporte también que la primera reacción del gobierno tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación del 2x1 para un condenado por la represión ilegal durante la última dictadura, fuera la del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, mostrando su conformidad: “Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte”, dijo el funcionario, que cinco días después tuvo que salir a aclarar su posición, considerando “un error” confundir el fallo con “una decisión del gobierno”.
Lo cierto es que en una cuestión de profunda sensibilidad, el gobierno volvió a hacer agua. Decididamente el de los derechos humanos es un tema en el que le cuesta hacer pie.
Calificado injustamente como “gobierno de los ricos” -etiqueta que le puso el kirchnerismo y que hizo carrera-, el gobierno ha hecho y hace denodados esfuerzos fiscales por revertir ese preconcepto. De hecho, la premisa “pobreza cero” apunta a establecer el paradigma opuesto. Se verá si lo logra.
Pero también hay otras caracterizaciones que se le han puesto al PRO desde su origen, en las que no ha exhibido tanto interés por rebatirlos. El tema de la ciencia es uno; el de los derechos humanos, otro.
En esta cuestión arranca desde atrás, a sabiendas de que las organizaciones de derechos humanos militan decididamente contra el gobierno. Ahí no buscó zanjar la grieta y, por el contrario, como si buscase plantear un desafío innecesario, decidió a principios de año mover por decreto el feriado del 24 de marzo. Sin necesidad, pues este año caía viernes: no tenía ningún sentido trasladarlo al lunes venidero, como planteó la fría letra del DNU. Recién en 2020 el Día de la Memoria caería un martes y ameritaría entonces una eventual modificación. Por qué decidió dar el gobierno dar semejante paso que asemejó a una mojada de oreja, es un misterio.
Una muestra de autoridad intrascendente, en todo caso. Máxime cuando después de que el tema se desmadrara, el gobierno dio marcha atrás con un decreto correctivo difundido un sábado por la noche. En el recule, tuvo que revertir otros de los feriados cambiados.
Fue uno de los traspiés sonoros de un verano en el que el gobierno acumuló otros errores que cimentaron un camino sinuoso hasta llegar al mes de marzo en el que su imagen tocó fondo. En esos días, en materia de derechos humanos sumaría otra polémica innecesaria aportada por el hoy convaleciente Juan José Gómez Centurión sobre la cantidad de desaparecidos. Tanto ruido en un tema tan sensible deberían haber hecho escuela en el oficialismo, de modo tal de evitar volver a enredarse en estas cuestiones.
Debiera estar claro entonces que esta nueva polémica en la que se ha visto envuelto no fue esta vez generada por su propia impericia, o intencionalidad deliberada. Porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tomó por sorpresa, como ya sucediera en anteriores oportunidades con el Tribunal Superior. No esperaba, ni mucho menos deseaba el gobierno comprarse un problema como el que le generó hace una semana la resolución de la CSJN respecto del caso Muiña, sobre todo cuando la orden dada por el presidente Mauricio Macri ha sido evitar cualquier tipo de errores que puedan afectar una marcha hacia las elecciones que pareció encarrilarse a partir del 1º de abril.
La polémica había tomado temperatura cuando el ministro de Justicia, Germán Garavano, reiteró la postura oficial de respetar las decisiones de la “máxima instancia” judicial, pero cuestionó el 2x1, calificando a esa ley como “perversa”.
Solo algunas voces aisladas del radicalismo se pronunciaron decididamente esos primeros días en contra del fallo; en el PRO, el mutismo fue generalizado, remedando los tiempos del gobierno anterior, cuando los kirchneristas se guardaban hasta que La Jefa, u otros voceros caracterizados se pronunciaban, marcando el camino. Recién el sábado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, emitió un pronunciamiento contundente y contrario al fallo: “Rechazamos el 2x1, y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad”, e hizo votos porque la aplicación de la norma “sea muy restrictiva”.
Lo menos que necesita el gobierno es que cientos de represores resulten beneficiados por el fallo en el futuro inmediato.
Decididamente perdida la iniciativa en este tema y con la convocatoria de una marcha a Plaza de Mayo prevista para hoy, que se estima será más masiva que la del 24 de marzo pasado, una importante espada del oficialismo como el senador Federico Pinedo mostró que la iniciativa podía ser recuperada al anticipar que en la semana presentaría en el Senado un proyecto para acotar el beneficio del 2x1 solo a los represores que estuvieron presos entre 1994 y 2001.
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Al día siguiente, desde la oposición comenzaron a presentarse iniciativas en el mismo sentido, o caminos diversos que dificulten la posibilidad de que los represores puedan acceder a tal beneficio. Hubo incluso pedidos de juicio político contra los tres jueces que cimentaron la mayoría que impuso el fallo y hasta fueron denunciados e imputados.
La salida que encontró el gobierno fue la anticipada por el senador Pinedo el domingo. El Congreso sirvió como válvula de escape para el oficialismo, que habilitó un debate “abierto” ayer en Diputados.
Quiso la casualidad que se hubiera previsto una sesión para este martes, aprovechando la reunión convocada para recibir al presidente italiano en asamblea legislativa, para tratar temas de menor importancia, con el objeto de evitar que se acuse al Congreso de no sesionar. Le vino justo: para cuando sea la marcha este miércoles a Plaza de Mayo habrá una ley sancionada y promovida por el propio oficialismo.
Con todo, no podrá el gobierno evitar que las consignas enarboladas en la marcha vayan en su contra, casi tanto como contra los tres jueces de una Corte Suprema que ya antes de asumir Mauricio Macri lo recibió con una acordada que le ordenó al futuro gobierno devolverle a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis 45.000 millones de pesos por un decreto de 2001 que les redujo la masa coparticipable. Una Corte que luego, en el tema de las tarifas, propinó un nuevo revés al gobierno anulando el aumento de tarifas de gas respecto de los usuarios residenciales, más allá de que esa determinación haya sido en definitiva conveniente para el gobierno. En ambos casos el gobierno recibió ambas noticias con sorpresa y rechazo, mas fue medido al pronunciarse.
El que aún no lo hizo fue el presidente Mauricio Macri. Ayer hubo legisladores que se lo reclamaron: “No es una buena señal el silencio de la máxima autoridad argentina” en esta cuestión, dijo el salteño Pablo Kosiner