"El juicio político es un mecanismo de investigación para ver si lo que él hizo, actuó conforme a la ley o excedió su mirada. La actitud del fiscal atrasa, ha tenido cero empatía", comentó Guido Lorenzino en diálogo con DIARIO POPULAR. Además remarcó la importancia de realizar modificaciones en la actual ley de cannabis medicinal 27350: "Hicimos una recomendación al Ministerio de Salud, que habla de la ampliación vía reglamentación de las patologías y que sea el estado el que regule y fomente el cultivo"

Guido Lorenzino, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, pedirá su juicio político para el Fiscal Mauricio Del Cero por su accionar en los polémicos allanamientos que se realizaron en una vivienda particular de Tornquist y luego en la sede local del INTA, donde secuestraron plantas de cannabis destinadas para uso medicinal. En dichos operativos aprehendieron a los concejales Gustavo Raising y Federico Labarthe, quienes estuvieron demorados (la defensa presentó un hábeas corpus) y ya fueron liberados; y a una pareja de abuelos, Teresa María Haag de 65 años y Enrique Óscar Navas de 67, que el jueves recuperaron su libertad.

Lorenzino consideró que la actitud que tuvo Del Cero "atrasa", y dejó en claro que "no se puede trabajar en la Justicia cuando se carece de una mirada social”. En diálogo con DIARIO POPULAR, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires comentó:

"Vamos a evaluar el comportamiento del fiscal Del Cero para ver si es viable el juicio político. Más allá de que puede haber algún delito cometido por los concejales y él está investigando éso, hay una ley nacional. El Fiscal tiene que desglosar el delito de la gente que necesita y que obviamente busca el aceite de la manera que sea: autocultivo o comprando en el circuito ilegal. Ahí hay que tener una mirada mucho más benévola. Me parece, por las testimonios que tengo de organizaciones y del Defensor de Casación, el doctor Mario Coroliano, que al fiscal Del Cero se lo ve bastante limitado en esa mirada. Ha tenido cero empatía con las organizaciones. Queremos tener todos los elementos, y el juicio político es un mecanismo de investigación para ver si lo que él hizo, actuó conforme a la ley o excedió su mirada".

"Obviamente evaluaremos la conducta de Del Cero para ver si es viable el juicio político. Queremos tener todos los elementos, y el juicio político es un mecanismo de investigación para ver si lo que él hizo, actuó conforme a la ley o excedió su mirada. Más allá de la legalidad de la ley de estupefacientes, creo que hay que mirar con esta mirada, que es lo que nosotros pretendemos de parte del ministerio público. Y en particular especial en los fiscales, que llevan adelante investigaciones de venta y comercialización. De hecho, hay varios expedientes donde hay gente detenida por autocultivo para uso medicinal y nos parece un disparate, más allá de que la ley asiste a la justicia para que los persiga. Creo que es un error y creo que la justicia tiene que tener una mirada empática y de legitimidad de lo que la sociedad está queriendo”.

Además, Guido Lorenzino se refirió a la actual ley 27350 de cannabis medicinal y la necesidad imperiosa de realizar modificaciones en la misma:

“La ley nacional es absolutamente limitativa porque no incluye muchas patologías. Por eso hicimos una recomendación al Ministerio de Salud, que habla de la ampliación vía reglamentación de las patologías dentro del aceite de cannabis y que sea el estado el que regule la actividad y fomente el autocultivo, esa es nuestra postura pública. Nosotros tenemos una mirada a favor del uso medicinal cannabis, a favor de la ampliación de las patologías vía reglamentación, a favor del autocultivo regulado por el estado. Y mientras eso sucede, obviamente en estos casos que son opinables, nos ponemos del lado de los que consideramos las víctimas que son los padres, madres, familiares, de niños, adultos que usan el cannabis como alivio y mejora de patología”.

El daño ya está hecho

"Los hechos producidos estos últimos días en la ciudad de Bahía Blanca preocupan fuertemente a diferentes organizaciones sociales, médicas, científicas, de cultivadores y a la sociedad en general, quienes ven atropellados sus derechos, especialmente los de la salud, autodeterminación y libertad, por parte del Ministerio Publico Fiscal actuante en la localidad. A su vez el fiscal titular de la fiscalía Nro. 19 de Bahía Blanca, Mauricio Del Cero, quien aparentemente habría abusado de su autoridad y violado los deberes de funcionario público, persigue a consumidores y usuarios medicinales, desconociendo diferentes pronunciamientos judiciales, leyes nacionales y provinciales, no distinguiendo una actuación altruista medicinal de una criminal. También privando a los pacientes de su medicina y exponiéndolos a un proceso penal altamente desgastante que afecta directamente a la salud de cada uno de los implicados, del grupo en particular, del de su familia y de la salud publica en general.

No solo no reconoce estos derechos de carácter constitucional, que desde el año 1994 están incorporados constitucionalmente por los diferentes Pactos y Tratados internacionales mencionados en el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional sino que además el accionar de la Fiscalía Nro. 19 de Bahía Blanca desconoce leyes y resoluciones que protegen a la salud. Tampoco protege el bien jurídico. Es más, todo lo contrario, puesto que priva a un gran número de personas de su medicina y consecuentemente de su salud, obligándolos a soportar dolor, perder la movilidad, aumentar las convulsiones entre otras patologías o sufrimientos y empeorar su estado clínico y/o volcarse a un mercado ilegal para paliar su estado.

De esta forma, también pone en peligro la salud pública y beneficia directamente a quienes lucran en el mercado ilegal, con todos los riesgos que ello apareja para quien tenga que recurrir al mismo. Por ejemplo, aceites de mala calidad, aceites sin ningún tipo de calidad terapéutica o medicinal, e incluso aceites o cremas con otras sustancias mucho más dañinas como la morfina, que puedan simular el mismo efecto analgésico; pero con efectos colaterales sumamente dañinos y porque no al denominado efecto góndola. Por todo ello se repudia en todos los sectores y grupos, la actuación de la fiscalía y se espera una respuesta del Defensor del Pueblo -Guido Lorenzino- quien advirtió y reprochó los abusos denunciados. Además prometió iniciar las investigaciones y procesos pertinentes para evaluar el accionar procesal en este lamentable suceso que gran parte de la población de Tornquist soportó y deberá soportar. El daño ya está hecho y va ser difícil de curar", Martín Ignacio Garmendia, abogado e integrante de RESET - Políticas de Drogas y Derechos Humanos.

Resolución de la Defensoría

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