La experiencia de diciembre pasado en Diputados y las objeciones del peronismo en el Senado llevan al Ejecutivo a recalcular sus expectativas y dejar para tiempos mejores el reformismo permanente.

Cuando el presidente de la Cámara de Diputados auguró que el Congreso funcionaría normalmente solo hasta la época del Mundial, pues a partir de entonces se iniciaría prematuramente la carrera electoral hacia 2019, no imaginaba que estaba siendo demasiado optimista.

En lo que sí pareció acertar Emilio Monzó fue en remarcar la necesidad de avanzar sobre las principales iniciativas requeridas por el gobierno en diciembre, ni bien se produjera el recambio legislativo, porque ese sería el tiempo en que gozaría de mayor legitimidad, en función del resultado electoral.

Fue así que puso toda la carne en el asador a partir del recambio legislativo en la Cámara de Diputados, donde había congelado la actividad en noviembre, cuestión de evitar una sesión en la que la oposición descargara munición gruesa contra el oficialismo invocando entre otros temas la desaparición del ARA San Juan y la muerte del mapuche Nahuel.

Así, no se hizo siquiera la tradicional sesión ordinaria de despedida en la que suelen aprobarse catarata de proyectos de declaración que son invocados como el “legado” de los legisladores que se van.

En el Senado fue diferente: antes del recambio legislativo que incluía la llegada de Cristina Kirchner, el oficialismo quiso apurar el tratamiento de temas que luego pasarían a la Cámara baja para su aprobación.

En un exceso de optimismo, diagramó aprobar con esa composición del Senado las reformas previsional y laboral, como puntos salientes. Lo consiguió a medias, aunque es de destacar que la aprobación de la ley jubilatoria no tuvo ni punto de comparación con lo que luego pasaría en la Cámara baja, donde todo se complicó en grado extremo. Esa solvencia con la que se consiguió la aprobación de la reforma previsional -43 votos positivos y solo 23 en contra- fue la que motivó el exceso de confianza con el que el oficialismo encaró el debate en Diputados.

Pero no todo resultó redondo en el Senado, donde la reforma laboral terminó obturándose, a pesar de contar a priori con el apoyo de la conducción cegetista. Ahí fue donde el diablo -léase Moyano- metió la cola, y Pichetto -el hombre que tiene las llaves de esa Cámara- pisó el freno.

El gobierno decidió entonces dejar ese proyecto para febrero, y si bien el jefe del bloque Justicialista se cansó de insistir en que era un tema que debía ser tratado en sesiones ordinarias, voceros oficiales insistieron con que sería el mes que viene, pues así lo había pedido el Presidente.

Miguel Pichetto le aclaró el tema personalmente a Rogelio Frigerio al visitarlo la semana pasada en la Casa Rosada, y así se lo comunicó luego el ministro del Interior a Macri en Cumelén. A esta altura le quedó claro al oficialismo que la reforma laboral tendrá que esperar; si algo no le conviene es repetir la experiencia de diciembre pasado, en la que consiguió aprobar una batería de proyectos clave, pero a costa de dejar jirones del crédito acumulado en el triunfo electoral.

No sin poco esfuerzo: esos cuatro días de sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados insumieron nada menos que 45 horas y 16 minutos, incluidos los 37 minutos de la fallida sesión del 14 de diciembre.

Hoy no hay espacio ni necesidad para otro triunfo pírrico; menos si obedece a una obsesión.

En este contexto pareciera entonces que lo que se preveía sucediera a partir de mediados de año tal vez se adelante drásticamente. Estaría la decisión tomada de hacer del presente un año de baja intensidad legislativa, habida cuenta además de que el gobierno no tiene necesidad de contar con leyes puntuales. De hecho, es lo que le recomendó el influyente Miguel Pichetto el último fin de semana: “Me parece que el gobierno debe gobernar con las leyes que tiene”. En ese mismo párrafo sugirió “dejar de hacer nombres pomposos como reforma laboral, reforma previsional...”. El “reformismo permanente” anunciado por el presidente Mauricio Macri en el CCK, tras el rotundo electoral, podría quedar para tiempos mejores.

No tenía sentido en ese caso llamar a extraordinarias en febrero, aunque el Poder Ejecutivo quería hacer al menos una sesión extraordinaria para el tratamiento de temas que no ameritaran disidencias y no dejar la evidencia de que la oposición le puede manejar la agenda. Amén de ello, dejará esos temas consensuados para desarrollarlos durante el año y no dar la sensación de que el gobierno quiere congelar al Congreso.

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Los temas pendientes de aprobación, que figuraban en el temario de extraordinarias, son los proyectos de Financiamiento Productivo (mercado de capitales), la nueva ley de Defensa de la Competencia y la ley de Compre Argentino, todos con media sanción de Diputados. También está la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, un proyecto que parecía no tener escollos por haber sido elaborado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto, pero que se frenó por críticas de especialistas contrarios a la desaparición de fiscalías creadas por Alejandra Gils Carbó, a las que el justicialismo hizo lugar. Si no sale como el gobierno quiere, seguirá congelado.

Anoticiado de la supuesta intención de frenar la actividad legislativa, Agustín Rossi salió a alertar sobre la intención de “cerrar el Congreso” y llamó a la oposición a unirse para impedirlo. Ese parece ser el discurso que enarbola hoy el kirchnerismo en su conjunto: unificar a todos los sectores contra el gobierno de Mauricio Macri, por la razón que sea.

El mega decreto que la semana pasada dio lugar a una amplia reforma del Estado parece ser ideal como primer paso en esa dirección. Ya son varios los opositores que adelantaron su rechazo a la norma y el Frente para la Victoria en Diputados dice proponerse derogarlo.

No es fácil, pues para validar un DNU al Ejecutivo le basta con la aprobación de una de las dos cámaras. Pero más allá de eso, muchos decretos nunca llegan al recinto, de ahí que no resulta posible eliminarlos. Con todo, puede que la alternativa judicial dé más resultado: ni bien concluya la feria judicial se presentarán recursos para declarar la inconstitucionalidad del mega decreto.

Reformas como la electoral, con la que el gobierno querría insistir con la Boleta Unica Electrónica, deberían ser aprobadas en la primera mitad del año para poder regir en las próximas elecciones; pero difícilmente los gobernadores que el año pasado la frenaron cambien de opinión cuando en 2019 se jueguen sus destinos.

Deberá poner entonces todo su esfuerzo el gobierno en la reforma laboral, y después preocuparse tan solo a fin de año -y tal vez en un mejor contexto- por el Presupuesto 2019. Por lo demás, el presidente de la Cámara baja debería cumplir su promesa de que haya allí sesiones ordinarias, y no como el año pasado, cuando todas fueron especiales. En ese contexto, la premisa del oficialismo deberá ser evitar que la oposición se una con el fin de propinarle traspiés legislativos.

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