El juicio por la tragedia de Once: De Vido insistió con la absolución

El proceso volvió a postergarse a raíz del planteo y pedido de absolución de De Vido y ante el cual la fiscalía a cargo de Juan García Elorrio y algunas querellas, entre ellas la de Leonardo Menghini, pidieron contestar en la próxima jornada.

“Es seguro que lo que se le atribuye no es delito”, dijo el abogado Maximiliano Rusconi en los tribunales de Comodoro Py 2002, para luego tildar de “escandalosa” la acusación contra el ex ministro en este proceso, en el que se investiga su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, con un saldo de 52 personas muertas y casi 700 heridos.

Frente al delito de estrago culposo en coautoría, Rusconi señaló que “es virtualmente unánime la opinión que ve una imposibilidad jurídica en la atribución de un delito culposo, imprudente, en el rol de coautoría” porque -argumentó- “la coautoría implica un plan común, una división de tareas, una decisión común, extremos que no son compatibles con la figura utilizada”.

El ex funcionario había solicitado la nulidad "absoluta de las imputaciones" minutos antes del comienzo de la segunda audiencia, al argumentar mediante un escrito que "hay razones muy claras y de enorme envergadura por las cuales esas acusaciones no deberían ser sostenidas como pasos válidos en este proceso".

"No se ha cumplido con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda", agregó el comunicado presentado por la defensa, y cerró: "No es posible determinar en qué consistió en concreto la participación que se achaca, de manera individualizada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se atribuye".

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De Vido y Jorge Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), son juzgados por los delitos de descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública.

El fiscal Ramiro González presentó su caso durante la primera audiencia y expuso las falencias en el control del material ferroviario por parte del Estado, así como de los subsidios que se entregó a la concesionaria TBA, entonces a cargo de la explotación de las líneas Sarmiento y Mitre.

El TOF 4 está integrado por los magistrados Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Ana María D’Alessio, en calidad de jueza sustituta.