Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino eran tres empresarios que en 1976 fueron secuestrados y despojados de sus bienes por haber desarrollado un modelo productivo que contradecía los lineamientos económicos impuestos por la última dictadura cívico militar. "Detrás del genocidio hubo una matriz de intereses financieros. La sociedad debe rever cómo algunas empresas se enriquecieron con la dictadura", señala Carlos, el menor de los hermanos.
En su casa de La Plata, Carlos repasó el nacimiento de este grupo empresario que fundó su padre, Rodolfo Genaro Iaccarino, y que en los '70 alcanzó su apogeo.
En 1973, el grupo administraba una constructora; una firma de iluminación; una asesoría; seis puestos de abaratamiento en La Plata; un establecimiento rural en Santiago del Estero e ILSA S.A, "un emprendimiento lácteo que montamos en esa provincia", repasa.
"Con ILSA se desarrolló la producción láctea en Santiago y los tamberos llegaron a ganar el 50 por ciento de lo que se vendía en las góndolas. Para las cámaras empresarias del sector, éramos una amenaza, un peligro que debía ser erradicado", asegura.
El represor Musa Azar -actualmente detenido por delitos de lesa humanidad- estaba al frente de la Dirección de Inteligencia de Santiago del Estero, y, desde ese lugar comenzó a recabar informes en 1975 sobre las actividades de ILSA con el propósito de "armar una causa" contra este grupo. "Nos empezó a perseguir Musa Azar pero nos tiraban de todos lados. Poco después del golpe, el Banco de la Provincia de Buenos Aires nos pasó todos los créditos con vencimientos escalonados a descubiertos en cuenta corriente. Eso nos dejó en una situación financiera muy endeble", cuenta.
En noviembre de 1976, el juez Cleto Peralta, un hombre ligado a Musa Azar, les imputa a los Iaccarino irregularidades en la escritura de un campo y ordena detenerlos.
A las pocas semanas de haber sido encarcelados en Santiago, se decide el traslado de los tres a Buenos Aires, y quedan a disposición del Primer Cuerpo de Ejército. "Nos interrogaban y pegaban todos los días. Nos hacían preguntas sobre la empresa y la finalidad que perseguíamos, y como no entendían, nos golpeaban con más fuerza", remarca. Recién en enero de 1977, los hermanos son puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y conducidos al centro de detención de COT I Martínez, un ámbito perteneciente a la Policía Bonaerense que comandaba el entonces coronel Ramón Camps. "Nos dijeron que si les entregábamos los campos nos dejaban libres. Así fue que una escribana se fraguó la venta", recordó
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