El Estado y Clarín hicieron escuchar su pugna por la ley de Medios en una extensa audiencia ante los miembros de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia escuchó este jueves los discursos en pugna entre el Estado Nacional y el Grupo Clarín en torno a la ley de Medios y ambas partes mostraron dudas que ameritaron la intervención activa de los jueces en el segundo día de audiencia pública.

En una extensa audiencia, la Corte Suprema escuchó a las partes en pugna en torno a la aplicación de la ley aprobada en el Congreso, y cada parte contestó gran cantidad de preguntas que hizo el Tribunal sobre aspectos como la libertad de prensa, la sustentabilidad económica a partir de la puesta en práctica de la norma, la situación de presunto monopolio en la comunicación que tiene Clarín, y los motivos de por qué se otorgan y se quitan licencias a los grupos económicos. El Tribunal, menos el juez Raúl Zaffaroni quien viajó ayer al exterior y con una activa participación de su presidente Ricardo Lorenzetti en repreguntar y acotar las respuestas de las dos partes, escuchó los argumentos a partir de los cuales resolverá sobre si es o no constitucional la ley de medios.
 
Comenzó respondiendo las preguntas una tropa representando a Clarín, entre ellos los abogados Damián Cassino, Alejandro Carrió y María Angélica Gelli, y un economista, por poco más de una hora en las que negó que exista una situación monopólica, que sufriría pérdida de sustentabilidad y que está en juego la libertad de expresión. Un tramo que pareció impregnarle dudas a los jueces y hubo repreguntas fue cuando el secretario de la Corte Cristian Abrita preguntó: "¿La libertad de expresión requiere de un volumen económico como el del grupo Clarín?", y "¿cuál es la comparación con otros medios más chicos?", ante lo cual el abogado Cassino aseguró que es "imposible seccionar el cable" y de hacerlo "el grupo Clarín dejaría de ser la voz que es".
 
Incluso Lorenzetti intervino para pedir que sea "concreta" la respuesta, y si bien Clarín omitió darla tal cual, el economista representante de esa parte rechazó que se tratase de un "monopolio" y advirtió que hay un "mal uso del lenguaje" en ese sentido.
 
El Estado, quien expuso por medio de Graciana Peñafort y Daniel Larrache del AFSCA y el economista Horacio Seillant, tuvo su momento endeble cuando en una escala de repreguntas Lorenzetti le pidió saber el motivo de por qué "si la licencia es un privilegio" se le dan a un medio y luego eventualmente se la sacan en el futuro.
 
"No es una facultad discrecional", aseguró Peñafort, quien justificó que el Estado "puede restringir el ejercicio de la licencia". Lorenzetti nuevamente intervino y le pidió que detalle cuál es el motivo por el que le sacan la licencia a un medio.
 
"No entiendo la pregunta", dijo Peñafort. Lorenzetti tomó la palabra sobre por qué "el Estado puede quitarle la licencia ya otorgada a cualquiera sin derecho alguno", ante lo cual Horacio Diez, de la Procuración del Tesoro de la Nación, dijo que la pregunta era "generalizada, y tenía un grado de abstracción".
 
Lorenzetti replicó "no es abstracta, se refiere al caso", y luego los funcionarios siguieron con una explicación que no conformó al Tribunal, a tal punto que el presidente de la Corte más tarde volvió a preguntarlo.
 
Los discursos más políticos que trascendieron el ámbito tribunalicio se dieron cuando Clarín y el Estado, este último por medio del titular del AFSCA, Martín Sabbattela, hicieron las réplicas sobre la posición del otro.
 
Al comenzar la audiencia, el Grupo Clarín aseguró que de aplicarse la ley "se reduce la sustentabilidad y la empresa no va a poder sobrevivir. No va a pagar la deuda que tiene, no va a invertir y no va a poder operar, sobre todo en cable y en el servicio de internet", según Cassino, en tanto que Gelli concluyó que la norma "afecta derechos propietarios pero también del público".
 
Además, los abogados justificaron la fusión CablevisiónMulticanal, aprobada por el kirchnerismo años atrás y ahora fustigada como argumento que se trata de una empresa monopólica, ya que fue "para subsistir en el mercado y tener competencia".
 
En ese sentido, el economista de Clarín aseguró que "pasamos de mercados separados hacia integrados, la fusión y adquisición fue para resistir".
 
Luego de un receso de minutos, con café y un lunch de por medio en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el Estado contestó las preguntas que hizo la Corte: negó que puedan perderse puestos de trabajo al aplicarse la ley y aseguró que uno de los aspectos es que "busca preservar las fuentes de trabajo".
 
"No hablamos de desinversión sino de adecuación, y eso permite que otros jugadores posibles tomen ese bien y con las economías regionales en mejor posición van a generar más fuentes de trabajo", argumentó un funcionario del AFSCA.
 
La Corte preguntó por medio de su secretario si no hubo contradicción en el Estado en haber dictado el decreto 527 en 2005 y refrendado por el Senado que otorgó prórroga de licencia a los medios por diez años, y el momento en que el Congreso aprobó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. "La prórroga de la licencia no significa la vigencia de la titularidad de la misma", dijo Peñafort, en tanto que otro funcionario del AFSCA aseguró que lo que se hizo fue prorrogarse "el marco regulatorio" y que pese a ello Clarín "concentró más licencias de las permitidas".
 
Ahora, la Corte Suprema, sin plazos concretos, tendrá que expedirse sobre la constitucionalidad o no de la ley, luego que tuviese un fallo en ese sentido en primera instancia, firmado por el juez Horacio Alfonso, aunque en la Cámara Civil y Comercial Federal fue dejado sin efecto ya que dictó una inconstitucionalidad parcial.

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - internet@dpopular.com.ar

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados