Fopea rechazó la entrega de los audios utilizados para un libro sobre Macri

Tras la medida del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 6 a cargo de la doctora Gastaldi, que le ordenó al periodista que entregue el material en un plazo de cinco días hábiles (o que, caso contrario, pague una multa), el organismo consideró -a través de un comunicado- que la disposición judicial “pone en riesgo la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas” y que va a “contramano” de la jurisdicción nacional e internacional.

“Se trata de una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente. Además viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, manifestaron las autoridades de Fopea.

Asimismo, indicaron que la medida le fue notificada al periodista sin que antes se le avisara que era sujeto de una demanda iniciada en dicho juzgado a fines del año pasado.

Según indicaron, en las grabaciones hay consideraciones del periodista no divulgadas y también, menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro por una variedad de razones que hacen a la buena praxis periodística.

ADEMÁS:

Espionaje ilegal: rechazan pedido de Arribas para viajar

Desde el organismo que defiende la libertad de expresión, explicaron: “Esta insólita resolución habilita una ‘excursión de pesca’ para ver de qué manera se puede dañar, intimidar o castigar al periodista por haber revelado información sensible y de evidente interés público acerca de uno de los hombres más poderosos de Argentina. De quedar firme, se vería seriamente amenazado no solo el libre ejercicio de informar a través de un medio de comunicación, sino también el derecho de la sociedad a ser informada”.

Por último, llamaron a la jueza y a las autoridades judiciales a revertir la decisión, como un modo de “respetar las garantías fundamentales para el ejercicio del oficio periodístico”.

Ante esta situación, el periodista hizo una presentación ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Es una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente”, manifestó.

En diálogo con AM 750, dijo que lo que está sucediendo “es gravísimo” y que, además de FOPEA, está hablando con otras organizaciones para visibilizar su situación: “No puedo dejar que quede precedente ni quedar como el primer periodista de la historia argentina en entregar sus apuntes y sus grabaciones a un juzgado, sobre todo teniendo en cuenta la historia de filtraciones, no solo a los medios de comunicación, que tiene la historia judicial en la Argentina”.

“Es una situación realmente muy grave para el periodismo y vamos a hacer todo lo posible para que este precedente no quede. Por mi parte, no tengo ningún problema: multame lo que quieras, mandame a la cárcel… No lo quiero decir así, pero es mi voluntad en este momento”, aseguró.