El cuestionamento recae sobre el jefe comunal y 21 de los 23 concejales del municipio, que aprobaron un proyecto que permite la venta de terrenos en la zona de los humedales del distrito, donde está la Costanera.

Alertan que en Escobar se abrió la puerta para la privatización de predios estatales en la cuenca del Río Paraná, luego de que el Concejo Deliberante valide una ordenanza que prevé la licitación de una parcela municipal para que inversores privados “revaloricen” la zona.

Desde la agrupación Patria Grande apuntaron al intendente Ariel Sujarchuk (FpV) y a los distintos bloques del HCD, donde 21 de 23 concejales aprobaron el proyecto que permite “la venta total o parcial” de la zona de los humedales, una cuestión que a la vez favorece las inundaciones de barrios cercanos.

El proyecto habla de una parcela municipal que fue cedida en la década del 80 al municipio, con una extensión de 41.600 metros cuadrados, que es justamente donde está radicado el puerto y la zona de la Costanera”, explicó a DIARIO POPULAR Lucas Basso, referente de Patria Grande.

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Basso agregó: “Lo que plantea la ordenanza aprobada es la finalidad de embellecimiento, mejora y puesta en valor del espacio, que es cierto que está deteriorado. Pero el artículo 1 dice ‘queda habilitada la venta total o parcial de esta parcela’. Entonces es un gesto a futuro, es algo vendible en esta gestión o en otro mandato”.

“Más allá de que está facultado para realizar la venta por legislación, la discusión de fondo es la utilización y privatización de bienes comunes. Es el acceso al Río Paraná”, insistió Basso y denunció: “Desde Patria Grande entendemos que no se puede seguir privatizando un sector que ya está ampliamente privatizado. En todos los humedales tenemos una avanzada de privados, countries y emprendimientos como Puertos del Lago, similar a Nordelta”.

El referente de la organización reveló que “los que presentaron el proyecto dicen que es para embellecimiento y puesta en valor y que el municipio no está en condiciones financieras de hacer la inversión, por eso la abre a privados”. “La ordenanza -advirtió- tendría que tener un grado de precisión mayor, porque no se deja eso explícito y esa vaguedad deja abierto que se efectúe una venta”.

Al hablar de cómo afectaría esa eventual venta, graficó: “Dejás la puerta abierta a que el día de mañana pase como en Tigre, donde el acceso a la costa se ve muy limitado y los vecinos no pueden acceder”.

Por otro lado, la construcción en zona de humedales pone en juego la cuestión del impacto ambiental. “La construcción en terrenos inundables genera un levantamiento de niveles de esos terrenos y el agua no desaparece, sino que empieza a aparecer en lugares donde no existía. Generalmente son barrios aledaños a estas zonas, más marginados y con familias trabajadoras”, puntualizó Basso.

En tanto, criticó una postura “contradictoria” de Sujarchuk en ese sentido: “Este mismo gobierno el año pasado generó una ordenanza en defensa de los humedales insulares, pero no de los continentales, que es por los que peleamos. Fue un gesto para quedar bien con nosotros y los grandes inversores”.

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