El gobernador de Chubut dijo que “es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales”. La obra permite unir ambas ciudades a través de la Ruta Nacional N° 3.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este martes el acto oficial de la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional N° 3, donde afirmó que “es la primera vez que se finaliza una ruta nacional con recursos provinciales”.
La obra consistió en la reparación y construcción de un tramo de 57 kms., que incluyó la duplicación de la calzada, separada por un cantero central, mediante la construcción de una segunda calzada nueva y la reconstrucción de la existente; banquinas externas e internas pavimentadas; intersecciones a emplazar en los accesos y vinculaciones previstas; retornos e iluminación de intersecciones; y otras obras complementarias.
Además, tiene una importancia estratégica para el sector productivo y el turismo, debido a que es un corredor vial clave para unir el norte con el sur del país. Con la inauguración quedaron oficialmente conectadas las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, y se espera una reducción importante en los tiempos de viaje, optimización del transporte de cargas y un mayor flujo turístico hacia la costa de Chubut.
“Primero quiero pedirles disculpas sinceras en nombre del Estado provincial a las víctimas de accidentes de tránsito porque durante estos 20 años de desidia, donde hubo casos de corrupción que nos pusieron en la vidriera nacional y nos avergonzaron a todos los chubutenses”, expresó Torres tras el corte de cintas.
En ese sentido, señaló: “Tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias de esa desidia y de esa corrupción. Lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que sólo la parte económica. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó”.
Y sostuvo: “Muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno. Otros terminaron presos por esta y otras tantas cuestiones, pero tenemos que recordar de dónde venimos para no perder nunca el foco de hacia dónde tenemos que ir”.
“La construcción de una provincia seria, previsible, con seguridad jurídica, pujante, se hace de abajo hacia arriba, buscando el hermanamiento de toda la ciudadanía -manifestó Torres-. Y esto no es un acto partidario. Acá hay justicialistas, acá hay radicales, acá hay gente del PRO, independientes, vecinalistas, hay cámaras empresarias, están los trabajadores de la UOCRA, los representantes de los trabajadores”.
“Acá hay toda una comunidad parada enfrente de lo que fue una historia oscura de nuestra provincia y con la firme decisión de dar vuelta a esa página de la desidia y la corrupción y mostrarle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y de que la palabra se cumple”, concluyó.
Con esta obra, además, Chubut se desendeuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, gracias a un acuerdo rubricado entre el gobernador patagónico y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que permitirá a la provincia realizar obras nacionales y terminar aquellas inconclusas utilizando fondos propios.
Este acuerdo, sumado a las obras incluidas en el denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, posibilita a Chubut la reducción de su deuda con el mencionado Fondo en más de $260 mil millones, lo que dejará un saldo negativo de poco más de $30 mil millones.
La construcción de la obra comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 y la ejecución estuvo a cargo de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, pero fracasó por “precios excesivos”. En un segundo intento, entre 2012 y 2015, el kirchnerismo pagó millones de pesos por tan sólo 40 kilómetros inaugurados. Poco después se detectaron defectos estructurales y la paralización de las tareas, con serias sospechas de desvío de fondos.
En 2018, la empresa que había ganado la licitación entró en quiebra en España, lo que impidió que avanzara la obra y, en palabras de Torres, se convirtiera en “un emblema de la corrupción y la desidia” de al menos cinco gobiernos que administraron la provincia.
En enero de 2024, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Transparencia, Control y Participación Ciudadana en Licitaciones de Obra Pública, proyecto presentado por Torres a poco de haber ganado las elecciones. Con esta normativa, el gobernador llamó a licitación pública para la realización de la obra.
La adjudicación recayó en la firma Semisa Infraestructura S.A. por un monto final superior a los $17 mil millones, culminando el proceso en enero de 2025. Dos meses después iniciaron las obras.
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