La fiscal federal de primera instancia de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó esta mañana por presunto lavado de dinero al dirigente camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo. La acusación se enmarca en la causa que investiga la supuesta utilización del Club Atlético Independiente, del que el sindicalista es presidente, para blanquear dinero de las empresas de su entorno familiar, informaron fuentes judiciales.
Además, la fiscal señala que en la maniobra habría contrataciones e inscripción de empresas por parte del Sindicato de Camioneros.
Fuentes judiciales informaron que la imputación contra los Moyano la presentó la fiscalía en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.
Meses atrás, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale dictó la prisión preventiva de Pablo "Bebote" Alvarez, de Damian Lagaronne, de Ariel Romero, Adrian Bartone, Adrian Garcia, Cesar Godoy y Noray Nakis, este último ex vicepresidente de Independiente, como integrantes de una asociación ilícita. También dispuso la preventiva como organizador de la misma de Roberto "Polaco" Petrov, custodio habitual de Hugo Moyano.
La causa se había iniciado por una denuncia de Juan Manuel Lugones, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al tomar conocimiento de distintos delitos llevados a cabo por la barra brava de Independiente.
Los hechos son el apriete a jugadores y técnicos de fútbol pidiéndole sumas de dinero a cambio de no "putearlos" en los partidos, como el caso del DT Ariel Holan, y con lazos en la dirigencia del club a través del dirigente Noray Nakys.
También la supuesta asociación ilícita se dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, costear los pasajes al interior y exterior del país de la barra brava, la venta ilegal en los alrededores del estadio obteniendo réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros y la presencia de "trapitos".
El tramo de la causa relacionado con Moyano, en el que se declaró incopetente el juez Vitale, fue enviado al juzgado de Armella a partir de las declaraciones de "Bebote" Álvarez. El barra brava dijo que los Moyano extorsionaban a varias empresas de distintos rubros utilizando al Club Independiente para "lavar y blanquear dinero" con la empresa Aconra.
Además, dijo que en el club hacían socios a todos los integrantes del Sindicato de Camioneros en todo el país para "estafar las elecciones de la institución" en diciembre pasado.
La fiscalía los acusa de "haber montado una estructura, dentro de la institución deportiva, de tres o más personas destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo Martín Tur sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior; como así también a través de diversas extorsiones realizadas a empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente y el posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)".
Entre las medidas solicitadas, están la de determinar si las empresas mencionadas fueron víctimas de la extorsión con pedidos de dinero por parte de Independiente, la información de algunas financieras nombradas en el expediente, y también con pedidos de información a la AFIP y la Anses.
La citación de indagatoria del secretario general del Sindicato de Choferes de Camioneros, Hugo Moyano, en la causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falta, podrá avanzar cuando se defina si se instruye en jurisdicción de Córdoba o de la Justicia Federal porteña.
Así lo informaron a Télam fuentes judiciales, según las cuales la justicia federal cordobesa le remitió el martes un exhorto al juez federal Claudio Bonadio para resolver qué jurisdicción tendrá a cargo la instrucción de la causa que involucra al líder de los camioneros, Hugo Moyano.
El juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes remitió el lunes el exhorto para definir si la causa radicada en Córdoba se mantiene en la ciudad mediterránea o se remite a la jurisdicción porteña, donde Bonadio acumula la mayoría de las causas contra del titular del Sindicato de Camioneros.
La fuente judicial precisó que hasta tanto no se defina la jurisdicción donde quedará radicada la causa no se podrá avanzar con el pedido de indagatoria al sindicalista.
El fiscal federal cordobés Gustavo Vidal Lascano promovió la imputación y pedido de indagatoria para Moyano en diciembre último, trámite procesal que está en manos del juez Sánchez Freytes.
Para el fiscal Vidal Lascano, el gremialista, en calidad de apoderado del Sindicato de Camioneros, fue parte de una “operación sospechosa” en la compra de varios terrenos para la entidad sindical en la localidad de La Falda, por el cual se pagó seis millones de pesos, cuando tres meses atrás tenían un valor de sólo 300.000 pesos.
La principal sospecha es una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.i
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