La mesa chica ampliada de la CGT definió ayer una serie de demandas al gobierno: piden extender el decreto antidespidos y abrochar una compensación de $ 20 mil millones para las obras sociales por caída de aportes

La mesa chica ampliada de la CGT volvió a reunirse para definir una serie de demandas al gobierno que, básicamente, están vinculadas a la demora en la conformación del Consejo Económico y Social: pidieron al Ejecutivo la conformación de un "comité tripartito", extender el decreto antidespidos y que también se rubrique la compensación de $20 mil millones para las obras sociales por la caída de los aportes y la crisis devenida por la pandemia. Alertaron que hay 1.800.000 trabajadores suspendidos o en situación incierta respecto a su continuidad laboral.

Los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña se dieron en cita en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1200, donde el anfitriòn Gerardo Martínez también recibió a José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio Sassia (Unión Ferroviaria), Omar Maturano (La Fraternidad) y Juan Carlos Schmid (CATT, Transporte), entre otros. Sentados en una mesa en forma de herradura, fueron tomando la palabra la veintena de los presentes.

Entre los temas debatidos estuvo la necesidad de conformar un "Comité de Crisis tripartito" -estado, empresas y sindicatos- y una Mesa de Diálogo post pandemia para consensuar políticas de reactivación económica, generación de empleo y contención social para hacer frente a las consecuencias de las consecuencias de la cuarentena. Aunque ningún sindicalista lo diga a viva voz, existe cierto malestar con el Ejecutivo que aún no envió al Parlamento el proyecto para crear el Consejo Económico y Social y observan que hasta ahora que solo los anuncios corresponden a la expresa voluntad del presidente.

Ayer en Trabajo dijeron desconocer los motivos de la reunión y que correspondía a los gremios, que ahora "analizarán cómo seguir" las negociaciones en marcha.

Durante el encuentro también se reiteró la necesidad que el Ejecutivo prorrogue el decreto antidespidos -Alberto Fernández ya adelantó que estudia hacerlo- pero el principal reclamo fue la creación del comité tripartito y una mesa de diálogo, que incluya a la Iglesia, para "pensar el futuro -explicó un dirigente gremial- y así veamos cómo vamos encarar el pais después de la pandemia. Si cuesta que nos paguen lo que corresponde ahora las empresas... Al no convocar al Consejo Económico y Social buscamos apurar otra reunión conjunta".

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Lingieri, por su parte, dio a los presentes un "pantallazo" sobre la devolución de los aportes de las obras sociales. Escuchó críticas de sus colegas porque Salud aún no rubricó el pago de unos $20 mil millones en concepto de "subsidio" por la bajas en la recaudación en los aportes. "No podemos cumplir con los prestadores por la baja de recursos", se sinceró el sindicalista consultado..

Otro de los que participó de la reunión fue Juan Carlos Schmid, ex triunviro cegetista, que dijo que se habló "casi nada de la renovación de la conducción" de la central obrera en agosto próximo y que el principal tema de debate fue la conformación del comité tripartito.

"En Dragado y Balizamiento se trabaja el doble pero vemos en todo el sector marítimo que las patronales quieren modificar las condiciones de trabajo. Hay muchos trabajadores suspendidos pero no olvidemos que quienes están trabajando como portuarios o colectiveros y están a la merced de estas decisiones", apuntó el jefe sindical. Adelantó que la semana próxima podría haber un paro de los trabajadores de la "flota tanquera y de arena y piedra" por el intento de las empresas de recortar los salarios de los empleados.

En tanto, Hugo Benítez, de la asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOT), denunció ayer ante el Ministerio de Trabajo a la Federación Argentina de Industrias Textiles (FITA) por la falta de respuestas en la negociación de las condiciones retributivas de los trabajadores imposibilitados de desempeñarse por el aislamiento obligatorio.

Remarcó que la patronal quiere reducir aún más los salarios de los trabajadores suspendidos y el gremio busca un acuerdo adecuado al convenio marco entre la CGT y la UIA, finalmente se plasmado en la Resolución 397/20 de la cartera laboral, para regular las suspensiones de empresas sin actividad y la disminución del salario con un tope del 25%. Con todo, el entendimiento alcanzado con anterioridad entre gremio y cámara se encuentra "desactivado y resulta inaplicable en atención a los lineamientos contenidos en los instrumentos de política salarial vigentes", explicaron desde la AOT.

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