La resolución además establece que "el cumplimiento de estos requisitos formales será verificado por la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal, previo al envío, por la Dirección de Sistemas, de la información solicitada al requirente".
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El máximo tribunal aclaró también que "la regulación de la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad y el alto objetivo institucional perseguido mediante la consulta de dicha información por los ciudadanos", sino que requiere "la imprescindible conciliación de dichos propósitos con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados".
La resolución, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fue en respuesta a una presentación de los diputados de la CC-ARI Carrió y Fernando Sánchez, en la que requerían la remisión de copias de dichas presentaciones y que se dicte una nueva reglamentación al respecto a lo establecido por la ley de ética pública.
Puntualmente, los legisladores habían pedido a través de dos cartas dirigidas a Lorenzetti y al presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, que se entregaran las declaraciones juradas y también el estado de ejecución de las obras del Poder Judicial, cuestión que no prosperó.
"Hay desigualdad"En respuesta, Carrió afirmó que la acordada implica "que hay desigualdad ante la Ley porque el resto de los funcionarios públicos y legisladores deben hacer pública toda su declaración y ponerla a disposición de cualquier persona en Internet
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