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El FDT presentó un proyecto para modificar la ley de alquileres, que incluye topes para los aumentos de los contratos y menos requisitos para monotributistas.
Diputados del Frente de Todos (FdT) formalizaron este viernes la presentación de un proyecto para modificar la ley de alquileres, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri, y que contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos.
La iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Gioja, propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos, sancionada en 2020, que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.
Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
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La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo).
De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.
Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, Gioja propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
Establece además la necesidad de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Plantea que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos.
Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
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