Política |
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El gobierno vivió una semana convulsionada por los desafíos que se ha trazado: aprobación del aborto legal y la vacunación contra el covid. Fernández tiene la difícil tarea de mantener la "unidad política" del FdT.
Fue una de las semanas más convulsionadas del gobierno no sólo por los desafíos que se ha trazado, como lo son la aprobación de la legalización del aborto y el comienzo de la vacunación contra el covid antes de fin de año. Lo fue también porqué expuso la difícil tarea que tendrá el presidente Alberto Fernández para mantener la "unidad política" del Frente de Todos que, como sostienen en su entorno, será clave para encarar el año electoral que viene con buenas expectativas. Es que la tensión dentro de la coalición oficialista, nunca disimulada, tuvo dos episodios muy marcados: la marcha del martes al Palacio de Tribunales protagonizada por referentes del kirchnerismo duro, como Luis D'Elía pero también el diputado Eduardo Valdés, en la que pidieron por una "Navidad sin presos políticos" y las duras advertencias de Cristina Kirchner el viernes en el estadio Único -"los ministros que tengan miedo que busquen otro Laburo", por caso, en un encuentro celebratorio de la unidad del peronismo que volvió al poder hace poco más de un año. Es que la vicepresidenta además de emprender contra el" lawfare" (lo que denomina la persecución mediática-judicial de dirigentes) también 'marcó la cancha' sobre el rumbo que debería tomar el gobierno en 2021: poner en equilibrio las subas de tarifas, salarios y precios de alimentos y hacer una reforma del sistema de salud público y privado.
Esta semana se conoció un decreto del Ejecutivo que aunque prorroga el congelamiento de las tarifas de luz y gas hasta fines de marzo, pone en marcha el proceso de adecuación tarifaria. Y anteayer se presentó una tarifa social para telefonía e internet al tiempo que decidió subas del 5% en los servicios. Hacia esa política, que en verdad sostiene la quita de subsidios que planifica Economía para ordenarlas cuentas, es hacia donde apuntan los dardos de la ex presidenta. Con un ajuste en los ingresos, teme que las urnas le sean esquivas el año próximo. Si bien el presidente Alberto Fernández ordenó a su tropa "controlar la inflación" en la reunión de gabinete económico del último miércoles, empoderando también a los intendentes en el seguimiento de la Ley de Góndolas en los distritos, considera que manteniendo a raya a los precios y el repunte de la actividad, harán ganar unos 4 puntosa los salarios respecto a la inflación en 2021. Así se los dijo a los integrantes de la mesa chica de CGT con quien compartió un almuerzo en Olivos. Pero tuvo que escuchar las quejas por la desfinanciación de las obras sociales: los gremialistas pidieron un "pool de compras" para medicamentos complejos, que el estado comparta los gastos de traslado y educación de la discapacidad y que la Superintendencia de Servicios de Salud comience a pagar los "'gastos covid" con el fondo de $1600 millones."
No trabajaron durante meses y no sacan los expedientes. Ahí está el cuello de botella que nos perjudica'', fue la conclusión de un jefe sindical consultado. De hecho, el gremio de La Fraternidad anunció un paro para el próximo martes y promete nuevas protestas si no aceleran los giros de dinero. Mañana el superintendente Eugenio Zanarini, un funcionario cercano al hoy cuestionado Ginés González García (Salud), recibirá a los gremialistas y técnicos para avanzar en una solución. "Hay que hacer más eficiente el fondo para el covid. Y pensar con más sensatez al PMO que está cimentado en las obras sociales'', opinó un funcionario que comparte las quejas de los gremialistas que deben hacerse cargo de medicamentos de 300 mil dólares por las nuevas coberturas autorizadas.
Con todo, el presidente compartió esta semana encuentros con las dos vertientes fuertes del sindicalismo: el martes con Hugo Moyano y el viernes con los referentes de calle Azopardo. Se trata de un equilibrio difícil con vistas a lo que sucederá a mediados del año próximo, cuando habría elecciones para renovar autoridades de la central obrera. Es por eso que el moyanismo intenta ingresar a un territorio hoy vedado por el sector de "Los Gordos". Tampoco le será fácil al jefe de estado contener los embates del kirchnerismo duro que reclama una acción más eficiente para "mejorar" a la Justicia. Los embates dela vicepresidenta bajo el estadio techado tenían varios destinatarios dentro del gabinete. Uno parecería ser la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ex socia del presidente en su estudio de abogados y factótum de la reforma judicial, que no comparte que en Argentina haya presos políticos, tal como declaman los seguidores de la ex mandataria. En privado, ha cuestionado a la Corte Suprema por utilizar la denominada "plancha del 280", en referencia al artículo del Código Procesal que utilizó el máximo tribunal para denegar sin fundamento los recursos presentados por la defensa de Amado Boudou.
Uno de los proyectos legislativos que podrían ser girados en los próximos meses, además de la creación de un tribunal intermedio de sentencias arbitrarias, sería la modificación del mentado artículo 280 del citado código. Esas recomendaciones fueron elaboradas por el consejo consultivo, maliciosamente llamado "Comisión Beraldi" (por estar integrado por el penalista que asesora a Cristina), que en dos tomos de casi 900 páginas no utilizó el término "lawfare" para describir situaciones anómalas en el servicio de justicia. Son tensiones, con todo, que persistirán. Pero en Casa Rosada siempre las han fundamentado como emergentes típicos de una coalición heterogénea. Ayer, en ocasión de participar de un conversatorio del Frente Patria Grande, Santiago Cafiero dijo que "está bien lo que dijo Cristina de si hay funcionarios que no están a la altura busquen otro trabajo. Es lo que dice el presidente, como cuando pidió controlar precios en el gabinete económico", al tiempo que fundamentó que "el militante tiene que decir cuando se está equivocando el rumbo". Lo cierto es que cerca del ministro coordinador niegan que vaya a haber cambio de gabinete en el corto plazo.
Con todo, una fuente gubernamental consultada dijo que '"en febrero" próximo podría haber nuevas incorporaciones al equipo de gobierno. Justamente cuando el Congreso se encuentre debatiendo los temas más urgentes en sesiones extraordinarias, como el proyecto que define el nuevo cálculo previsional. En el Parlamento el gobierno espera anotar un gol importante antes de fin de año. Para ello el propio Alberto Fernández se involucró esta semana, recibiendo a dos senadores "celestes" como la rionegrina Silvina García Larraburu o el salteño Sergio Levy. 'Este senador dijo que no haría nada para dañar al gobierno. A Garcia Larraburu la recibió y salió automáticamente del grupo de whatsapp de senadores celestes', explicó una funcionaria a este medio. Es que el Ejecutivo juega fuerte para que el IVE sea aprobado el miércoles 29. "Es un proyecto del Ejecutivo y no sacarlo mostraría debilidad política", se sinceró una de las fuentes gubernamentales consultada.
La última apuesta de Presidencia es comenzar el proceso de vacunación contra el coronavirus antes que cierre el año. Para esta semana, luego del dislate comunicacional del último jueves sobre la llegada o no del primer lote de Sputnik V, se espera el arribo de un Airbus 33 de AR que traiga la ansiada inmunización. Desde el oficialismo aseguran que una de las enviadas a Moscú, Carla Vizzotti, sabía del impedimento de aplicarla en mayores de 60 años. Fue un proceso de 'control de daños' implementado luego de la zozobra producida por las declaraciones de Vladimir Putin, que reconoció no haberse inmunizado por aquella limitación que, aseguran, será corregida en los próximos días. Son algunas delas dudas que aún quedan, al igual que las causas de la falta de acuerdo con el laboratorio Pfizer, que demandarán una intensa campaña de comunicación oficial.
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El Gobierno aseguró que traerá "la mayor cantidad de vacunas" posible