Actos, marchas y denuncias volvieron a poner en primer plano el caso del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA y apareció muerto en 2015. La causa sigue abierta, con la hipótesis de homicidio confirmada, pero sin autores materiales identificados y con fuertes cuestionamientos al rol de los servicios de inteligencia.
A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el reclamo de justicia volvió a ocupar el centro de la escena política y judicial con una serie de homenajes realizados este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna “No fue un suicidio, fue un magnicidio”, familiares, dirigentes políticos, periodistas y ciudadanos participaron de una caminata simbólica hasta las torres Le Parc, en Puerto Madero, donde el funcionario judicial fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015.
La movilización fue organizada por el denominado “Equipo Republicano” y contó con la presencia de Sara Garfunkel, madre del fiscal, quien acompañó la procesión desde el Boulevard Azucena Villaflor hasta la plazoleta ubicada frente al edificio donde residía Nisman.
El acto tuvo un fuerte contenido simbólico: el fiscal había sido encontrado muerto un día antes de presentarse en el Congreso para ampliar su denuncia contra el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra la AMIA.
Durante el homenaje central, el legislador Waldo Wolff y el periodista Daniel Santoro fueron los principales oradores. Ambos repasaron el estado actual de la causa judicial y denunciaron las irregularidades que, según sostienen, marcaron la investigación desde sus primeras horas. Santoro reveló que el fiscal Eduardo Taiano detectó decenas de llamados telefónicos de funcionarios que, apenas conocida la noticia, habrían intentado instalar públicamente la hipótesis del suicidio.
En ese marco, volvió a cobrar fuerza la sospecha sobre la existencia de una “SIDE paralela” vinculada al Ejército, que habría realizado tareas de inteligencia ilegal sobre Nisman y su entorno familiar. Wolff, por su parte, reivindicó la figura del fiscal al afirmar que “se animó a denunciar al poder tirano y pagó con su vida”.
Los homenajes continuarán este lunes con una disertación en la sede de la DAIA, a las 8.45, de la que participará la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman. Más tarde, a las 10, se realizará un nuevo acto en la AMIA, encabezado por autoridades de la entidad y familiares del fiscal.
El aniversario se produce en un contexto de especial sensibilidad geopolítica. La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de declarar a la Fuerza Quds de Irán como organización terrorista, sumada a advertencias recibidas desde Teherán, resignificó los homenajes y reavivó el debate sobre la denuncia que Nisman había presentado pocos días antes de morir.
En el plano judicial, la causa por la muerte del fiscal continúa abierta. La investigación está a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano, quien sostiene que los elementos reunidos permiten afirmar que Nisman fue víctima de un homicidio directamente vinculado a su labor al frente de la UFI-AMIA. Si bien hay procesamientos confirmados -como el del informático Diego Lagomarsino-, aún no se identificaron autores materiales ni existe un juicio oral en marcha.
La causa se inició en el fuero ordinario porteño, bajo la órbita de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein. Tras reiteradas denuncias por errores en la pesquisa, Palmaghini apartó a Fein en 2016 y remitió el expediente al fuero federal. Ese mismo año, la Corte Suprema confirmó que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones.
Más de una década después, Taiano solicitó en diciembre de 2025 la indagatoria de Fein por presuntas irregularidades en la preservación de la escena del crimen. Entre las fallas señaladas se destaca el ingreso de más de 80 personas al departamento sin control, la alteración de pruebas clave y un “auténtico caos” en el baño donde apareció el cuerpo. También figuran como imputados el juez Manuel de Campos, el exviceministro de Seguridad Sergio Berni y otros funcionarios de la Prefectura Naval.
Otro eje central de la investigación es el rol de los servicios de inteligencia. El expediente da cuenta de los vínculos de Nisman con altos mandos de la entonces Secretaría de Inteligencia, entre ellos Antonio “Jaime” Stiuso, desplazado en diciembre de 2014. En 2025, Taiano citó a declarar a unos 300 espías por la activación de teléfonos celulares en la zona de Le Parc el día de la muerte del fiscal, en el marco de una presunta red de inteligencia paralela.
A once años del hecho, la Justicia argentina logró confirmar la hipótesis de homicidio, pero el caso sigue envuelto en incógnitas. Las irregularidades iniciales, la falta de autores intelectuales identificados y la ausencia de un juicio oral mantienen abierto uno de los episodios más conmocionantes de la historia judicial reciente. Mientras tanto, el reclamo de justicia vuelve a resonar cada enero, con la misma fuerza que hace más de una década.
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