El gobierno confirmó ayer que no está previsto aplicar en diciembre la salvaguarda del acuerdo del FMI, que preveía inyectar unos $ 13.500 millones para gasto social si las condiciones socio-económicas empeoraban.

El gobierno confirmó ayer que no está previsto aplicar en diciembre la salvaguarda del acuerdo del FMI, que prevé inyectar unos $13.500 millones para gasto social cuando las condiciones socio-económicas empeoraran.

En una conferencia de prensa realizada al finalizar la reunión de gabinete en Casa Rosada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley respondió la consulta de este diario sobre el tema: con una inflación que trepará a fin de año por encima del 43%, un aumento del desempleo y la baja del consumo, se había especulado si el Ejecutivo activaría esa cláusula del entendimiento con el organismo crediticio.

“‘No sé si es necesaria aún (su aplicación) si hubo mayor inversión social estos meses, con parte de los refuerzos de la política alimentaria, con el trabajo en los comedores comunitarios y la entrega de alimentos. Por ahora todo lo que se viene solicitando desde mi área está siendo cubierto”, contestó la funcionaria.

Esta salvaguarda contemplada en el crédito de $57 mil millones de dólares solicitado por el gobierno al FMI, se acordó para “la protección de los más vulnerables” si empeoran las condiciones sociales: prevé una inyección $13.500 millones en 2018 y de un monto correspondiente al 0,2% del PBI en los años siguientes en los que rija el entendimiento, para aplicar en programas de asistencia de alta calidad.

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En septiembre pasado el índice de pobreza ya arrojó un alza pero el número que más preocupa al Ejecutivo es el que INDEC dará a conocer a fines de marzo próximo cuando anuncie la medición del fenómeno en el segundo semestre de este año, en lo que se especula es el pico de la crisis. No se descarta, en este sentido, que a finales del primer trimestre del 2019, en la antesala a las elecciones presidenciales, el gobierno pueda activar la aplicación de este mecanismo para contener los reclamos sociales.

Con todo, Stanley sostuvo ayer que a lo largo del año se ha ido ocupando de la contención de los sectores más vulnerables para prevenir un diciembre caliente. “Seguimos conteniendo y atendiendo la situación y esperemos que trabajando juntos podamos pasar un fin de año en paz”, se esperanzó.

En los últimos días organizaciones sociales, como la CTEP (trabajadores de la economía popular) reclamaron una audiencia con la funcionaria para exigir el pago de un plus al bono destinado a los beneficiarios de la AUH. “No tenemos prevista una reunión pero estoy abierta al diálogo. Los beneficiarios cobrarán a principios de diciembre el adicional de $1500” ya anunciado, dijo la funcionaria descartando otro incremento. Aunque no es su área, confirmó que tampoco está prevista una ayuda extra para jubilados que tendrán en diciembre el último reajuste de los haberes previsto por la ley de movilidad sancionada hace un año en medio de disturbios.

Casualmente una fuente del organismo previsional consultada reconoció que este año los jubilados tendrán un ajuste anual del 28% a lo que habrá que sumarle el bono otorgado en marzo último, denominado de “empalme” hacia el nuevo sistema de cálculo de suba de los haberes, con lo que igualmente perderán poder adquisitivo. “Van a perder porque la inflación va estar por encima del 42%”, admitió.

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