En el gobierno esperan para la primera mitad del año, al compás del inicio del calendario electoral, un aumento de la protesta social; Empero, advierten que no habrá mayores recursos para las agrupaciones sociales

En el gobierno esperan para la primera mitad del año, al compás el inicio del calendario electoral en las provincias que desdoblan sus comicios, un aumento de la protesta social. Empero, advierten que no habrá mayores recursos para las agrupaciones sociales, que se cumplirá hasta fin de año con los $30 mil millones comprometidos por la Ley de Emergencia Social de 2016 y tampoco se ampliará la red de beneficiarios sociales que hoy alcanza a 380 mil personas.

Sin embargo, en Casa Rosada confían que, al igual lo que sucede con el peronismo, la división que hoy impera entre las agrupaciones -el acercamiento al kirchnerismo de Juan Grabois modificó el estatus quo de la CTEP o la partición de Barrios de Pie por el alejamiento de Daniel Menéndez de Humberto Tumini y su alineamiento con Victoria Donda- le quite fuerza al reclamo. El ‘ritmo electoral’, sostienen el oficialismo, también marcará el rumbo de la protesta social

“A Grabois, Cristina le ofreció la creación del ministerio de Economía Popular. Pero si llegara a ganar no lo va a cumplir”, chicaneó un funcionario consultado sobre la idea que replicaría a la cartera implementada en Brasil por Lula da Silva hace una década.

Sobre el quiebre de Barrios de Pie, en el oficialismo recuerdan que el último corte de la avenida 9 de Julio que realizó una de las facciones, en conjunto con el Polo Obrero, expuso a dos referentes que trabajan en distritos gobernados por Cambiemos: la provincia de Mendoza y la ciudad de San Miguel de Tucumán. ‘Están perdidos. Hay mucha división y usaron esa marcha para intentar referenciarse frente a Desarrollo Social tras el alejamiento de Menéndez’, describió la calificada fuente oficial.

Por otra parte, el oficialismo admiten en tiempos electorales los cortes de calles y las movilizaciones piqueteras ‘no suman votos’.

Pese al deterioro económico de 2018, con una inflación del 47%, una caída en la actividad y en el consumo récord, en el gobierno se dan por satisfechos por haber evitado el ‘diciembre caliente’ que habían pronosticado algunos dirigentes. Cuentan que no hubo lugar para un estallido social similar al de diciembre de 2001, porque las condiciones objetivas cambiaron y hoy los sectores vulnerables cuentan con ‘un colchón’ de contención al que sumó al comienzo de la crisis un refuerzo en los comedores y merenderos tanto de Desarrollo Social de Nación como de los organismos provinciales.

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Es decir, hoy el estado solventa 2 millones de las denominadas jubilaciones sin aportes, otras 2 millones de familias cobran la AUH y las pensiones asistenciales pasaron de 400 mil a las actuales 1.500.000. La cobertura social se amplió considerablemente. ‘Tampoco los intendentes del PJ te tiran la gente encima. Hay muchos jóvenes, como Katopodis (Gabriel, de San Martín), que no son como los viejos barones del Conurbano como el Mariano West (Moreno) de aquella época’, indicó el funcionario.

También la ‘institucionalización’ de las organizaciones sociales contribuyó a evitar desbordes: hoy el estado paga 380 mil beneficios entre el programa Haciendo Futuro y quienes cobran el salario social complementario (en $6 mil, se estima por la mitad del salario mínimo, vital y móvil) a cambio de una contraprestación en comedores, centros de primera infancia o emprendimientos productivos. Hoy las listas ‘están nominalizadas’ y todos los beneficiarios están identificados por la Anses lo que evita irregularidades.

No obstante, las agrupaciones sociales en forma trimestral pueden cambiar las nóminas de beneficiarios de Haciendo Futuro y en el histórico edificio de 9 de Julio y Belgrano aún recuerdan una picardía de ‘Chuki’ Menéndez que anotó a militantes del Conurbano, donde tiene mayor influencia, antes de escindirse de Barrios de Pie.

Con todo, en el oficialismo adelantan que no habrá más fondos para ampliar el universo de planes pero no descartan ante un agravamiento de la crisis, repetir lo implementado en 2018: un refuerzo en la entrega de alimentos. ‘Eso estaba previsto en la ley de Emergencia Social, por la que este año terminaremos de invertir los $30 mil millones comprometidos. Por eso no tenía sentido el caballito de batalla que habían sacado las agrupaciones sobre la ley de Emergencia Alimentaria’, concluyó la calificada fuente consultada.

Tampoco hay certezas sobre la aplicación este año de la salvaguarda contemplada en el crédito de $57 mil millones de dólares otorgado por el FMI. En ese entendimiento se acordó para ‘la protección de los más vulnerables’ una inyección de un monto correspondiente al 0,2% del PBI -eran $13.500 millones el año pasado- en caso de un empeoramiento de las condiciones sociales para aplicarse en programas de asistencia de alta calidad.

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