El juez Sebastián Casanello amplió la medida tras el pedido hecho por el fiscal Franco Picardi. También aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano,

El juez federal Sebastián Casanello extendió este miércoles por diez días el secreto de sumario impuesto sobre la causa en la que se investigan supuestas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a pedido del fiscal Franco Picardi.

Además. el letrado aceptó como querellante en la causa a la ONG Poder Ciudadano. Esta institución, el lunes pasado, se había presentado en el Juzgado Federal Nº 11 para solicitar su participación en la causa.

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La solicitud fue formalizada por el presidente de la ONG, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, quienes firmaron el escrito presentado ante el juez.

De esta forma, la ONG tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación a la par de la del fiscal Picardi. En el escrito presentado en el Juzgado, Poder Ciudadano argumentó que los hechos investigados en la causa resultan comprensivos de los intereses colectivos que ellos representan.

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La causa

La decisión se tomó en la investigación abierta a raíz de la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde hace referencia a presuntos pedidos de 'retornos' a laboratorios proveedores de la droguería Suizo Argentina.

Apenas se abrió la causa y se ordenaron procedimientos se impuso secreto de sumario que acaba de prorrogarse. Esto implica que los imputados seguirán sin tener acceso al expediente.

Casanello tiene pendiente de resolución dos planteos presentados por los accionistas de la droguería Suizo Argentina vinculados a la eventual nulidad de la causa y a cosa juzgada.

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Todavía sin imputaciones formales, los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron este lunes un nuevo escrito en el que buscan frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción.

De momento, la investigación del fiscal Picardi se centra en el análisis de los teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de las compras que hizo el Estado a la droguería.

Además, esta semana fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, quien habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados, supuestamente para darle tiempo a los dueños de la droguería Suizo Argentina, previo al allanamiento.

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