En medio de un mar de rumores sobre nuevas restricciones en el mercado cambiario, el gobierno negó este viernes por la noche que esté previsto implementar 'alguna medida cambiaria’ en otra jornada en la que se dispararon el dólar, el riesgo país y en la que el Banco Central obligó a los bancos a pedir autorización antes de girar divisas al exterior.
Aunque Mauricio Macri mantuvo este viernes su agenda en la Residencia de Olivos, el devenir de la crisis alteró los ánimos oficiales y obligó a poner la lupa sobre los mercados. Fue otra jornada en la que las declaraciones de propios y extraños tampoco ayudaron a llevar tranquilidad a la 'city financiera’ aún convulsionada por los anuncios de 'reperfilamiento’ de la deuda argentina y el 'coqueteo con el default’ de las calificadoras de riesgo internacionales.
Durante la mañana, el senador radical Julio Cobos indicó que 'si esto no funciona (por las medidas para extender los vencimientos de deuda), habrá control de cambios’, esto es, el cepo cambiario que impuso el kirchnerismo. Y, en paralelo, Alberto Fernández rompió el silencio autoimpuesto -que se extendió durante dos días- y en declaraciones al diario The Wall Street Journal dijo que 'la Argentina está en un default virtual’, entre otros ataques al Ejecutivo.
Lo cierto es que el tembladeral económico y financiero ha debilitado al gobierno. Pese a los anuncios de extender los plazos de deuda para tener más poder de fuego para controlar al dólar, este viernes el Banco Central gastó casi 400 millones de dólares e igual la divisa subió a $61. Por la tarde se conoció una resolución que obliga a los bancos a pedirle permiso a la institución antes de girar dólares al exterior. Las versiones sobre un nuevo cepo a la venta de divisas circularon con el paso de las horas por el permanente drenaje de las reservas del Banco Central.
El presidente se niega a adoptar este tipo de resoluciones. 'No hay ninguna medida cambiaria prevista’, informaron anoche desde el Palacio de Hacienda.
Con todo, otra fuente del oficialismo consultada admitió el espesor de las versiones que circularon durante este viernes. 'Esta complicado. Se habla de tocar la plata de los ahorristas. La verdad es que va a ser un fin de semana muy complicado’, indicó.
También sorprendió que, dos días después de reunirse en el despacho presidencial y emitir un comunicado de tono conciliador, la Iglesia le diera la espalda al oficialismo. Ante el 'severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica’, la Comisión Episcopal de Pastoral Social le solicitó ayer al Ejecutivo que declare 'en forma urgente’ la emergencia alimentaria y nutricional, una de las demandas de las organizaciones sociales que el lunes marcharon en el centro porteño.
La Pastoral Social es conducida por obispo Jorge Lugones, de buen diálogo con Francisco, 'de perfil peronista pero que en este caso también expresó su preocupación’, dijo una fuente cercana a la Curia. Desde el Episcopado, en tanto, justificaron que 'el Episcopado y otras entidades, incluyendo a Cáritas, viene trabajando en esta problemática específica. No es nuevo’.
En el Ejecutivo, con todo, evitaron inmiscuirse en todo tipo de polémica y bajaron el perfil. Uno de los negociadores de Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, visitó ayer Mendoza donde inauguró obras financiadas por la Nación con el gobernador Alfredo Cornejo.
El funcionario se refirió a la relación con las provincias y a las medidas anunciadas como la eliminación del IVA en alimentos, en donde 14 gobernadores presentaron una demanda ante la Corte Suprema para frenarlas.
'El presidente tomó medidas de emergencia y por razones de urgencia no tuvieron tiempo de consensuarlas con todo el arco opositor. Si estas medidas tienen finalmente un impacto tal en las finanzas que ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones indelegables de las provincias y municipios, nos vamos a sentar con todos, como lo hemos hecho siempre, a tratar de encontrar una solución’, remarcó.
Aseguró que estas diferencias deben resolverse 'siempre a través del diálogo y en una mesa de políticas de encuentro y de consenso’ aunque insistió con que las medidas tomadas por el Gobierno 'no tienen un impacto fiscal importante’.
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