Los operarios de la empresa gráfica Donnelley le pidieron al Gobierno que expropie y estatice la planta de producción y la ponga bajo gestión obrera, mientras siguen trabajando con incertidumbre sobre qué ocurrirá con los salarios de agosto.
Desde que reabrieron la planta el 12 de este mes, los trabajadores imprimieron una serie manuales de matemáticas para las escuelas públicas de todo el país, encargado por el ministerio de Educación que conduce Alberto Sileoni, y ahora proponen convertir a la firma es una proveedora de servicios públicos. La empresa tendría en un banco privado de esta Capital una cuenta corriente con unos 9.000.000 de pesos, por lo que los operarios le pidieron al juez Gerardo Santicchia (quien decretó la quiebra de la firma) que habilite al síndico Claudio Rizzo para que pague los salarios con ese dinero.
El titular del juzgado Comercial 19 recibió en su despacho a los trabajadores, pero al recibir la inquietud sobre el pago de los salarios de agosto, respondió que él no puede acreditar que la cuenta corriente de la que hablan exista y lo tiene que investigar. Jorge Medina, uno de los delegados de la Comisión Interna gremial, dijo en diálogo con NA que la respuesta del magistrado es "contradictoria" respecto de los dichos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien ya confirmó que la cuenta bancaria pertenece a la empresa estadounidense.
Los 400 operarios siguen trabajando en dos turnos de lunes a viernes y permanecen los fines de semana en el interior de la planta ubicada en el kilómetro 36,7 de la autopista Panamericana, en la localidad bonaerense de Garín. Así están desde el 12 de agosto cuando ingresaron a la planta y la reactivaron, después de que la compañía estadounidense cerrara imprevistamente acusando una crisis y obteniendo la quiebra en 72 horas en el juzgado de Santicchia. "Nosotros le pedimos a Tomada que ponga en marcha un proyecto de expropiación y estatización de la planta, y que la ponga bajo gestión obrera", dijo Medina sobre cuál quieren los trabajadores que sea el futuro de la empresa gráfica, a la que quieren convertir en una proveedora del Estado.
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