Fuerte cruce entre el Gobierno y la Provincia por las rutas

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, protagonizaron un duro intercambio en redes sociales por el estado de las rutas nacionales y el modelo de obra pública implementado por la Casa Rosada.

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La controversia comenzó luego de una publicación de la Oficina de Respuesta Oficial, que destacó los avances de la denominada Red Federal de Concesiones. En el mensaje, el Gobierno aseguró que “en solo cinco meses” fueron rehabilitados más de 200 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, entre Zárate y Gualeguaychú, un corredor estratégico para el transporte de cargas y el comercio regional.

Según el comunicado oficial, las obras fueron ejecutadas mediante un esquema de concesión privada y sin financiamiento estatal directo. La administración libertaria presentó el proyecto como una muestra del modelo que Javier Milei defendió durante la campaña electoral: reemplazar la obra pública financiada por el Estado por sistemas de inversión y gestión privada.

Además, el Gobierno anticipó que en los próximos meses avanzará la rehabilitación de otros 540 kilómetros correspondientes a la primera etapa del programa, que forma parte de un plan más amplio para modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La respuesta de Gabriel Katopodis

La respuesta de Katopodis no tardó en llegar. El exministro de Obras Públicas durante la gestión de Alberto Fernández cuestionó duramente el anuncio y acusó al Gobierno de exagerar los resultados obtenidos.

“Más chantas no se consigue. Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 kilómetros de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales”, escribió el funcionario bonaerense en su cuenta de X.

Katopodis también sostuvo que la administración nacional “no hizo un solo kilómetro nuevo” y paralizó las obras que estaban en ejecución. Además, cuestionó el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y del extinto Impuesto PAIS.

“Se timbearon más de 6 billones de pesos. No invirtieron un peso en infraestructura, pero usaron esa plata para dibujar el superávit”, afirmó.

Reacción de Pablo Quirno

Las críticas motivaron una inmediata respuesta de Quirno, quien responsabilizó a la gestión anterior por el deterioro de la red vial nacional.

“Habla al país el que dejó las rutas en estado deplorable mientras usaban dinero de los argentinos en poner techo a las piletas de los clubes municipales en la provincia de Buenos Aires, entre otros delirios”, retrucó el funcionario nacional.

El enfrentamiento refleja dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en la infraestructura. Mientras el Gobierno nacional apuesta a transferir la operación, administración y mantenimiento de corredores viales al sector privado mediante concesiones financiadas con peajes, desde el kirchnerismo sostienen que esa estrategia implica una retirada del Estado y una paralización de la obra pública.

La Red Federal de Concesiones constituye uno de los principales proyectos de infraestructura de la administración Milei. El esquema contempla licitaciones nacionales e internacionales para la gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas distribuidas en distintas etapas.

La primera fase incluyó los corredores del ex Corredor Vial 18, cuya concesión venció en 2025, y abarca principalmente las rutas nacionales 12 y 14, además del puente Rosario-Victoria. Posteriormente se avanzó con nuevas etapas que incorporan más de 8.000 kilómetros adicionales en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Tucumán y Salta.

Desde el oficialismo aseguran que el nuevo modelo permitirá mejorar la infraestructura vial sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional y con mayores estándares de mantenimiento y seguridad. En la oposición, en cambio, advierten que la estrategia no reemplaza las obras de ampliación y construcción de nuevas rutas que históricamente fueron financiadas por el Estado.

El intercambio entre Quirno y Katopodis volvió a poner en evidencia una de las discusiones centrales de la política argentina actual: quién debe financiar las obras de infraestructura y cuál debe ser el papel del Estado en el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para la economía y la integración del país.