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Mientras el Consejo de la Magistratura empezó a avanzar sobre el pedido de la Corte Suprema de Justicia para ahondar en el cuestionado fallo que dejó en libertad a Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, Elisa Carrió denunció un supuesto vínculo entre uno de los jueces y el empresario.
El Consejo de la Magistratura puso en marcha este martes la investigación solicitada por la Corte Suprema de Justicia en torno a la integración del tribunal que liberó a Cristóbal López, mientras que la diputada Elisa Carrió amplió su denuncia por supuestas coimas detrás de ese fallo y advirtió sobre un presunto nexo entre el empresario y uno de los camaristas acusados.
De esta manera, tomaron forma las presentaciones que se hicieron ante el organismo de control contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes ordenaron la excarcelación del dueño del Grupo Indalo y de su socio, Fabián de Sousa, y los beneficiaron con un cambio de carátula en la causa en su contra.
El primero integraba originalmente la Sala II de la Cámara Federal pero fue convocado por el segundo para participar de la decisión de la Sala I sobre la situación de los empresarios, que finalmente fueron liberados el pasado 16 de marzo.
Durante una reunión del plenario, los miembros del Consejo votaron por sortear al instructor de la causa iniciada por la Corte Suprema, que finalmente recayó en Leónidas Moldes, representante del Poder Judicial.
Pese a las quejas por parte de los consejeros Rodolfo Tailhade (diputado FpV) y Mario Pais (senador PJ), la solicitud del máximo tribunal argentino fue tratada como una “denuncia”.
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“En mi facultad para asignar las causas, surgía en claro que correspondía que este tema tomara carácter de denuncia, lo cual fue respaldado por la mayoría de los consejeros”, explicó el titular del Consejo, Miguel Piedecasas.
Al designar a Moldes como instructor, los integrantes del organismo descartaron la posibilidad de que el asunto siguiera en manos del plenario y, en cambio, pasó a formar parte de la comisión de Disciplina y Acusación, que ya tiene a su cargo el pedido de Carrió para que se investigue el patrimonio de los mismos magistrados.
La diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI sospecha que pudo haber coimas detrás del fallo que ordenó la liberación de López y De Sousa: de hecho, en una ampliación de su presentación realizada ayer, Carrió acusó a Ballestero de enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de varios inmuebles, al menos dos en la Capital Federal.
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“Lo que sumado a la llamativa declaración de bienes realizada por el magistrado el año pasado y las cuestionadas circunstancias mediante las cuales habría convocado personalmente a Farah para que suscribiera la resolución favorable al empresario Cristóbal López, me llevan a sospechar respecto de las verdaderas motivaciones de su decisorio”, disparó la diputada oficialista en su presentación.
Por otra parte, también sembró dudas sobre el camarista Farah, pues pidió determinar -tal cual aseguran rumores periodísticos- si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero cumplen funciones para el juez.
En ese sentido, se refirió a un artículo de un matutino porteño que da cuenta que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría “llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py”, había sido tiempo atrás presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López.
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