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Las organizaciones sociales intentaron avanzar sobre el Puente Pueyrredón, pero un operativo policial bloqueó el acceso y desató momentos de máxima tensión en Avellaneda.
Una fuerte tensión se vive este jueves en Avellaneda, donde organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda intentaron avanzar sobre el Puente Pueyrredón en reclamo por la continuidad del programa Volver al Trabajo y terminaron frente a un importante operativo policial que les impidió el paso.
La concentración comenzó después de las 10 de la mañana sobre la avenida Mitre y rápidamente derivó en un corte total de la zona. Los manifestantes buscaron subir al puente, pero efectivos de seguridad bloquearon el acceso y se produjo un tenso cara a cara entre ambas partes.
Como consecuencia del operativo, el tránsito permanece seriamente afectado en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Además, varias líneas de colectivos debieron desviar sus recorridos por calles alternativas debido a la gran cantidad de personas concentradas en el lugar.
En paralelo, también se registran importantes complicaciones en la Autopista La Plata-Buenos Aires, donde organizaciones sociales realizan cortes en la subida y bajada de 120 y 32, uno de los accesos más transitados hacia la capital bonaerense.
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La protesta forma parte de una jornada nacional de movilización impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero (FLP), sectores de la CTA y agrupaciones nucleadas en Territorios en Lucha, con asambleas y cortes en distintos puntos del país.
Ante la imposibilidad de avanzar sobre el puente, las organizaciones decidieron realizar una asamblea sobre la avenida Mitre y advirtieron que todavía analizan movilizarse hacia el Ministerio de Capital Humano para profundizar el reclamo.
El conflicto gira en torno al futuro del programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo, que alcanza actualmente a unas 900 mil personas. El beneficio entrega un ingreso mensual de $78.000 a quienes realizan tareas comunitarias, productivas y sociales en barrios populares.
El Gobierno nacional había anunciado el final del programa en abril, pero un fallo del Juzgado Federal de Campana obligó a mantener los pagos durante mayo. Aun así, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló la decisión judicial y las organizaciones temen que el beneficio sea eliminado definitivamente.
“Vamos por la continuidad y el aumento”, remarcaron los movimientos sociales durante las asambleas. Además, denunciaron que el monto permanece congelado desde marzo de 2024 pese a la inflación acumulada y reclamaron que el ingreso se actualice al valor del salario mínimo.
Las agrupaciones también defendieron el rol que cumplen en los barrios populares mediante tareas en comedores, merenderos, cooperativas y espacios de contención social. En ese marco, sostuvieron que el ajuste sobre los programas sociales agrava la crisis en los sectores más vulnerables.
Desde las organizaciones adelantaron que podrían profundizar las medidas de fuerza en los próximos días si no hay respuestas favorables del Gobierno encabezado por Javier Milei.
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