Tras la marcha, la CGT define esta semana la fecha del paro

En verdad, los denominados brotes verdes -incipiente recuperación del empleo y un control sobre la inflación-, aún no se perciben en los bolsillos de los trabajadores. Con la mayoría con “sueldos viejos”, en el Palacio de Hacienda confían en que recién cuando finalicen las paritarias -a mediado de año, con suerte- y con los precios más controlados hacia el segundo semestre recién ahí se constataría una recuperación del poder adquisitivo. Empero, la foto hoy muestra un salto en la inflación -2,5% en febrero- y un aumento en la pobreza que llegó al 32,9% según el reconocido trabajo de la UCA.

En este contexto, el gobierno decidió desdoblar la suba de gas y suspender el aumento en los pasajes de trenes y colectivos metropolitanos, no así con la tarifa de Aysa que se ajustará un 23%, en promedio. Pero la falta de una mejora concreta en los ingresos es lo que empuja los reclamos y, más allá de alguna especulación electoral, lo que obliga a la CGT a ir a una medida de fuerza.

Pese a que el diálogo entre ministros y sindicalistas nunca se interrumpió, en la central de calle Azopardo están dispuestos a dejar atrás los amagues y anunciar este jueves en la reunión de Consejo Directivo el paro de 24 horas para la primera semana de abril. No cayó bien en el mundo gremial el intento del macrismo por menospreciar la convocatoria del 7 de marzo por los incidentes del final cuando grupos de izquierda y filoK coparon el palco. “Fue una forrada querer hacer parecer que volvían los 70. El paro se va a convocar el jueves. Pero tampoco vamos a romper el diálogo ni poner en riesgo la estabilidad del gobierno”, explicó un experimentado sindicalista que admitió que “algunos compañeros van a jugar en las listas” de candidatos ya sea por el PJ o por el Frente Renovador.

En el gobierno conocen este escenario: negaron que vayan a convocar a los gremios a una mesa chica y apuestan por los acuerdos sectoriales tipo Vaca Muerta y como los que actualmente se negocian en el rubro automotriz y de la construcción.

Aunque el viernes se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley de Emergencia Social -destina a esta área $30 mil millones hasta 2019-, los movimientos sociales el 15 saldrán a la calle con ollas populares y piquetes en contra de lo que consideran una política económica neoliberal. “Celebramos la reglamentación pero la marcha estaba convocada antes. Igual entre la publicación y la implementación hay un trecho, como la creación del registro de trabajadores, que es lo buscaremos acortar con la protesta. La responsabilidad de los problemas de fondo es del gobierno: no puede ser todo una negociación cada 3 minutos en la que largan un poroto y no resuelven el problema estructural”, sostuvo Juan Grabois, líder de la CTEP, delegado del Papa Francisco y de fluido diálogo con Desarrollo Social.

La caída en la imagen del presidente Mauricio Macri y de su gobierno que revelan encuestas propias y ajenas ha obligado a distintos replanteos en Casa de Rosada.

La marcha atrás con el acuerdo con el Correo tendrá el jueves 16 un nuevo capítulo: ese día el procurador del Tesoro Carlos Balbín y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad -al que en el primer piso de Balcarce 50 siguen señalando como responsable de la fallida estrategia, en un análisis interesado porque corre la lupa sobre la actuación de la Jefatura de Gabinete- concurrirán a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial para una nueva audiencia en la que estará la fiscal Gabriela Boquín, quien con su resolución destapó el escándalo, y los patrocinantes del ex Correo de Franco Macri que podrían realizar una ‘propuesta superadora’.

En esa línea, el gobierno publicó en la web de la OA los dos proyectos para dirimir conflictos de intereses del Presidente que, luego de los aportes de expertos y la sociedad civil, serán publicados en el BO hacia final del mes. Uno trata sobre juicios contra el estado en los que estén involucrados familiares del mandatario y el otro sobre contrataciones. Con este último será tamizada la autorización de las rutas aéreas a Avian (ex MacAir de Macri padre) cuyo permiso está suspendido según lo anunciado en la presentación del Plan Aeronáutico por el que se amplía el mercado y se abre el ingreso a las “low cost”.

“Acá hay compañías high cost (alto costo)”, bromeó un alto funcionario que admitió que los sindicatos del sector van a enfrentar el ingreso de aerolíneas de bajo costo. “Queremos duplicar la cantidad de pasajeros y se oponen. Lo que ocurre es que hay una baja productividad”, disparó.

También hubo movimientos en el rubro candidaturas dentro del oficialismo tras la cumbre entre Macri, María Eugenia Vidal -cada vez más expuesta por el conflicto docente que preanuncia nuevos paros esta semana- y Horacio Rodríguez Larreta.

Al parecer, se bajó la chance de que Jorge Macri encabezara la lista de senadores bonaerenses: el intendente de Vicente López nunca se defendió del ataque de Elisa Carrió que lo tildó de delincuente. En la mesa chica macrista prefieren que la líder de la CC juegue en Capital pero esperan impacientes por su decisión. El consultor Jaime Durán Barba insiste con polarizar con “lo viejo”, el kirchnerismo, y con hacer jugar en la Provincia a candidatos sub35 -se menciona, entre otros, al intendente Martín Yeza o al vice de Interior, Sebastián García de Luca-, una jugada que aún no convencería al propio Macri.

Mientras tanto, en el oficialismo observan con atención el devenir judicial de las causas judiciales contra ex funcionarios k. Como se informó aquí, el viernes 3 Casa Militar respondió la requisitoria del fiscal Gerardo Pollicita que pidió saber el régimen de visitas al palacio de gobierno en la causa por encubrimiento por el Memorándum con Irán en la que están imputados, entre otros, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque y el líder de Quebracho, Fernando Esteche. Resulta llamativo el informe técnico del incidente, registrado el 17 de enero de 2015, que dañó el sistema de Control de Acceso a Casa Rosada. Allí se cuenta, por ejemplo, que “en una reunión mantenida el 9/2/2015 el personal de Casa de Gobierno decidió priorizar la puesta en servicio del sistema de control de acceso, dejando por el momento sin efecto la recuperación de los datos de las visitas”.