Van por el dictamen de la ley de extinción de dominio

La traba en la Cámara alta estuvo centrada por las críticas esbozadas por los referentes del oficialismo -como Federico Pinedo- y del sinuoso peronista Miguel Angel Pichetto por considerar que el texto proveniente de Diputados lesionaba los derechos de propiedad de los acusados y podría ser tachado de inconstitucional ante eventuales demandas judiciales. Fue así que en junio pasado el presidente provisional del Senado presentó un proyecto propio luego de las críticas de algunos sectores del oficialismo por la demora en el debate. Incluso el diputado radical Mario Negri azuzó desde las redes sociales, temeroso de que la iniciativa perdiera a fin de año estado parlamentario.

Con todo, el proyecto de Pinedo ahora plantea que la extinción de dominio se tramite “mediante una acción ante la justicia civil, que puede ser iniciada por cualquier fiscal”. Frente al otro proyecto más laxo de Pichetto, semejante a la actual figura del “decomiso”, el texto la autoriza “después de un procesamiento confirmado por un tribunal superior”. Y está destinado a recuperar los bienes adquiridos por delitos de narcotráfico, terrorismo, trata o corrupción.

“Se parece bastante al que planteamos. Hubiese sido mejor debatir el que viene de Diputados, pero no está mal”, sentenció un funcionario consultado.

Es que en la negociación por la extinción de dominio participaron funcionarios de Casa Rosada, de la Oficina Anticorrupción y lógicamente el propio Pinedo.

LEA MÁS:

Ayer un estrecho colaborador de Mauricio Macri, que lo conoce desde antes de su irrupción en la política, dijo que “hay que tener mucho cuidado en la redacción de esta ley. Si hubiera un gobierno de un tono autoritario que se quisiera quedar con los bienes de las personas, sería peligroso”.

El 23 de junio de 2016, en plena ola de transparencia impulsada por el gobierno para contraponerse con la corruptela kirchnerista, la Cámara de Diputados logró aprobar con amplia mayoría la media sanción del proyecto de ley sobre extinción de dominio y repatriación de bienes, presentado por el en aquel entonces diputado nacional Sergio Massa.

Desde entonces Laura Alonso, titular de la OA, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -para recuperar bienes del narcotráfico, por caso-, han sido dos de las grandes impulsoras de la iniciativa. Afirman que la misma continúa las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por caso, quienes aconsejan, entre otras cosas, medidas autónomas del proceso penal.

Alonso ha manifestado en reiteradas ocasiones que la extinción de dominio sobre activos de la corrupción ‘tiene que ser civil y no penal. El triste récord de la justicia argentina, sin juicios ni condenados. Nos gustaría que el Senado así lo entienda”.

Cerca de la funcionaria admiten que el proyecto “podría avanzar” pero que aún hay diferencias entre las propuestas de Pinedo y Pichetto. Igualmente, de aprobarse una iniciativa en la Cámara alta, volvería a Diputados para un ulterior debate.

Por su parte, Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional y alfil de Elisa Carrió en la Casa Rosada, consideró ayer que “es importante en estos momentos que salga esta ley importante, más con la aparición de estos cuadernos de la corrupción. Ahora hay una negociación en el Senado”.

Sin embargo, el funcionario trabajó en un tercer texto junto a “otros ministerios” que enriquecerían los proyectos en danza y podría ser utilizado por los senadores y diputados en caso que así lo requirieran.

En tanto, Negri envalentonado por la aparición de los rastros de las coimas de la obra pública de la era K, ayer tuiteó que “el martes los senadores van a dictaminar sobre la ley de #ExtincióndeDominio. Deben evitar los eufemismos y ser contundentes para #RecuperarLoRobado. Es más sencillo de lo que parece ¡Está todo anotado en los #CuadernosDeLaCorrupcion!”.

Sin dudas, se trata de un debate que dividió al oficialismo, que ahora busca unificar posiciones en pos de la sanción de la normativa. La irrupción del nuevo escándalo reavivó los ánimos de la mesa chica del gobierno, que venían golpeados por los malos indicadores económicos y las denuncias por aportantes truchos a las últimas campañas electorales. “Estoy feliz por este tema, una vez más se comprueba lo que se robaron y lo mal que dejaron el país. Me hago cargo que hubo un error con el tema de los aportes, investigará la justicia y también a nivel interno hay que buscar el responsable”, alegó ,a su turno, otro cercano colaborador presidencial.