Las normas fueron dadas a conocer a la sociedad en la sede central del gobierno provincial, pero el escenario que las espera es, en principio, el semicírculo de los diputados, paro luego ingresar en el otro ámbito de debate que será el Senado provincial.

Las normas fueron presentadas en sociedad en la sede central del gobierno provincial, pero el escenario que las espera es, en principio, el semicírculo de los diputados, pero luego ingresar en el otro ámbito de debate que será el Senado provincial.

Es tal vez, el acuerdo político más importante que la gobernadora María Eugenia Vidal pueda alcanzar en su primera gestión. Incluso más significativo que el acuerdo electoral, aquel que incluyó a las leyes de cupos y de fin de las reelecciones indefinidas.

Específicamente se trata de lo que normalmente se denomina un paquete de leyes que de a poco ingresa a la Legislatura. De hecho, dos de ellos ya están en tratamiento en la Cámara de Origen con distinta suerte aparente.

Pero además, detrás de las formas están los actores, están los abogados, magistrados, los organismos que los representan, autoridades del Tribunal de Cuentas, del Sistema de Enjuiciamiento, Suprema Corte de Justicias; todos ellos, lugares u organismo donde el actual gobierno provincial “no tocó ni un alfiler”, y con el correr de los días suman vacantes. De hecho, el Tribunal de Cuentas quedará en minoría a partir del mes que viene.

Recordemos que el gobierno de María Eugenia Vidal sí logró incorporar un nuevo procurador general de la Suprema Corte, cargo que actualmente ocupa Julio Conte Grand, que reemplazó a María del Carmen Falbo, que había asumido en 2004. Fuera de ese cambio, no introdujo otros en organismos claves.

Los dos proyectos en tratamiento que refieren, por un lado, al sistema de enjuiciamiento y, por otro, a la conformación de una comisión que tendría amplias facultades para la organización del Poder Judicial y así restarle competencias al Legislativo, tendrán tratamiento diferenciado en las reuniones conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Legislación General.

Los diputados saben que detrás de las modificaciones formales, para acelerar los procesos de juicios políticos del sistema de enjuiciamiento, están otras cuestiones como puede ser la idea de cambiar las autoridades de ese ente. Los secretarios o incluso “la autoridad” que desde su fundación, en 2007, ejerce la titularidad del organismo, con el casi exclusivo antecedente de haber sido histórico apoderado del PJ bonaerense Ulises Giménez, pueden ser removidos por el Senado.

Es más, muchos legisladores de Cambiemos, se preguntan por qué se le amplían las facultades administrativas a la secretaría permanente del Sistema de Enjuiciamiento; ¿es para el actual o es para el futuro titular del organismo?, se repite.

Pero la disputa central está planteada por la competencia en los límites entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y en ese sentido son muchos los legisladores que entienden que la reforma integral no es más que un avance de la Suprema Corte sobre la Legislatura, en línea con la idea de “no politizar”.

Por ello, la conformación de la comisión con amplias facultades para organizar el funcionamiento de Poder Judicial no será tratado en comisiones esta semana y tampoco en el recinto el próximo 26 del corriente, cuando podría tratarse la iniciativa para reformar el sistema de enjuiciamiento. Los proyectos presentados recientemente tendrán que esperar para recién tomar estado parlamentario en esa oportunidad.

Igual son los primeros aprontes, la carrera recién empieza y todos se creen con posibilidades.

FUGA Y MISTERIO

Karen Arrúa, presidente de la Juventud Pro de Esteban Echeverría, presentó su renuncia indeclinable a la organización política que comandaba argumentando “razones varias”, entre las que destacó el impedimento moral de apoyar medidas “antisociales”. En un descargo publicado en las redes sociales criticó el tarifazo, la reforma jubilatoria, la inflación y el marketing político.

“No puedo apoyar un gobierno nacional que aplica medidas antisociales, creando más desigualdad y pobreza. Tarifazos y resoluciones que van en contra de nuestros abuelos, aquellos que trabajaron toda su vida para disfrutar el transcurso de la tercera edad. Despidos y empresas que no pueden afrontar la inflación y los altos costos de los servicios”, detalló.

Arrúa, que es también subcoordinadora de la Tercera Sección electoral, criticó a Evert Van Tooren, candidato elegido por el Pro para las elecciones.

“No puedo apoyar a una proyección futura de gobierno municipal que hace campaña teniendo como eje las apetencias personales del candidato de turno y compañía, sin un ningún proyecto de gestión sólido y serio”, dijo. Y para aquellos que dudaban respecto de quien podía estar hablando la joven Arrúa, agregó que “ideas y proyectos me sobran para mejorar la calidad de vida de mis vecinos de Esteban Echeverría. Lamentablemente mi visión social no se ajusta a las aspiraciones personales del candidato Evert Van Tooren y todo su equipo”.

En el final remarca que “como siempre siendo transparente, cero obsecuente y fiel a mis sentimientos, me despido sin nada más que agregar”.

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS

La movida del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y un grupo de legisladores K contra el municipio vecino de Pilar que comanda el macrista Nicolás Ducoté y las usinas termoeléctricas que las firmas APR Energy y Araucaria han instalado en ese partido, se topó con un duro revés de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y suma un nuevo capítulo a la historia.

La Suprema Corte desestimó la demanda para que se declare la ilegalidad de las ordenanzas que permitieron la instalación de dos centrales termoeléctricas en Pilar en parcelas lindantes con el distrito de Escobar.

Tras declarar que el caso “resulta ajeno a su competencia”, los jueces de la Corte establecieron que se trata de un asunto que debe canalizarse en el fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro.

Con las firmas de Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo De Lázzari, Daniel Soria y Luis Genoud; la Corte bonaerense consideró que la demanda del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, estuvo “mal planteada” y que el caso no constituye un conflicto legal entre dos municipalidades que deba ser resuelto en la máxima instancia judicial de la provincia.

La presentación judicial de Sujarchuk estuvo acompañada por una presentación legislativa de seis legisladores nacionales de UC contra las nuevas centrales térmicas de Pilar.

Con la firma de la diputada nacional y esposa del intendente de Escobar, Laura Russo, se presentó un proyecto de declaración de repudio a la puesta en marcha de las dos centrales de generación eléctrica y un pedido de relocalización con el argumento de que las generadoras “van a poner en riesgo la salud e integridad de muchos vecinos de la provincia”.

En la demanda presentada ante la Corte, las autoridades de Escobar pidieron el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos de las ordenanzas y decretos que autorizaron la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctricas en predios adyacentes al límite entre ambos partidos (Escobar y Pilar), y que se conmine a las empresas a que detengan todas las obras y actividades.

“De acuerdo con lo expuesto, cabe adelantar que no se está ante un supuesto de conflicto de aquellos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 196 de la Constitución de la provincia”, destacó el pronunciamiento de la Corte.

Mientras tanto, los integrantes de la Cámara Federal de San Martín ya están analizando las presentaciones que efectuaron las firmas APR Energy y Araucaria Energy para dar vuelta el amparo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que a fines de noviembre pasado suspendió la operación de las centrales y prohibió el uso del recurso hídrico subterráneo.

ART

La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar la nueva ley de Riesgos del Trabajo que incorpora a las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia obligatoria y excluyente a las que el empleado damnificado deberá concurrir, con patrocinio letrado, en caso de tener un reclamo relacionado a un accidente laboral o enfermedad profesional.

La adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley Complementaria Nº 27.348 se concretó con la normativa provincial Nº 14.997 en diciembre pasado. La sanción generó fuertes cruces en la Legislatura bonaerense. Incluso, se sancionó tras la asunción de los nuevos senadores, luego de que el kirchnerismo y el massismo lograran frenar su tratamiento durante un tiempo en ese ámbito y tras, en el caso del massismo, de haber impulsado la adhesión en la provincia.

Según detallaron desde el Ministerio de Trabajo nacional, la provincia, junto con Santa Fe, Mendoza, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentran el 84% de las demandas de todo el país; mientras que el Conurbano centraliza el 69% de las demanda de trámites en territorio bonaerense.

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