La concentración realizada a metros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini fue iniciada por delegados de ATE SENASA.

Trabajadores de ATE realizaron un corte parcial en la autopista Ricchieri a la altura de Ezeiza en repudio a la decisión oficial de cerrar la planta de Fabricaciones Militares FANAZUL y por el despido de 130 trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La concentración realizada a metros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini fue iniciada por delegados de ATE SENASA, que habían alertado semanas atrás que la desvinculación de personal encargado del control agroalimentario y de sanidad animal dejaría al país en una situación de “riesgo fitosanitario”.

En un primer momento, los manifestantes cortaron un carril de la Ricchieri pero al tomar intervención un operativo conjunto de Gendarmería, la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la concentración fue corrida a un costado de la autovía, en una de las bajadas del ingreso al aeropuerto.

Al lugar se sumaron luego los trabajadores de ATE que participaron de la “Caravana por el Trabajo y la Reapertura de FANAZUL”, la cual partió de la ciudad de Azul y culminó frente al Ministerio de Defensa de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolló un acto para rechazar los 219 despidos en la fábrica de explosivos.

Pese al comité de crisis que se conformó cuando las autoridades anunciaron la suspensión de la actividad el 28 de diciembre pasado alegando una “revisión de tareas”, las gestiones no llegaron a buen puerto y este martes el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, ratificó que la planta de la empresa en Azul no volverá a operar. Según advierten, la decisión de prescindir de la fábrica ubicada a 30 kilómetros de Azul, y que contaba con casi 72 años de antigüedad, provocará un fuerte cimbronazo en la economía ciudad del interior bonaerense.

Las movilizaciones en las calles de Azul y el acampe frente al Municipio no fueron suficientes para alterar una decisión que ya estaba tomada y que obedece a la postura del ministro de Defensa de achicar la dotación de personal de Fabricaciones Militares. Solamente quedaron en funciones 35 trabajadores de planta permanente para cubrir los servicios esenciales de mantenimiento y seguridad de los explosivos hasta que la fábrica sea totalmente desmantelada.

La Secretaria General de ATE Azul, Vanina Zurita, alertó en diálogo con NA que buena parte de esos trabajadores va a cumplir funciones para las cuales no fue capacitada, lo cual constituye un “verdadero peligro”. La sindicalista sostuvo que no había “razón de ser” para definir el cierre de la planta, ya que en todo caso hubiera sido posible desarrollar tareas distintas como la “destrucción de armas del Estado Mayor” y la provisión de insumos para el “polo minero” que se está constituyendo en la zona.

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“Hay un encono y una decisión muy fuerte y caprichosa de cerrar la fabrica. Es un golpe no sólo social sino económico para nuestra ciudad”, expresó Zurita, que lamentó que la decisión se haya tomado pese a que había presupuesto asignado para sostener Fabricaciones Militares “con la gente adentro”.

Además de denunciar el cierre de FANAZUL, ATE exige la reincoporación “de los más de 100 trabajadores y trabajadoras despedidos de las fábricas militares de Villa María, Río Tercero, Fray Luis Beltrán y de la Sede Central”.

El otro foco de conflicto que involucra a empleados estatales tiene que ver con la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Gobierno bonaerense y el cese de más de 100 trabajadores, que al igual que los despedidos de FANAZUL, se enteraron de la medida dos días antes de fin de año. La decisión oficial ocasionó la toma de la sede del organismo durante 20 días y recién fue levantada este martes, cuando los trabajadores lograron ser recibidos por autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) del gobierno de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, el resultado de la audiencia no fue el esperado por los trabajadores, ya que las autoridades ratificaron la voluntad de disolver la institución y sólo habrían ofrecido la posibilidad de evaluar la reincorporación de nueve trabajadores (que poseen condiciones especiales como enfermedades o discapacidades). El martes también se conoció que 60 trabajadores contratados del Hospital Posadas de Morón fueron cesanteados a través de la no renovación de sus contratos.

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