Presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad a pedido de la Defensoría del Pueblo de Lanús. Quieren que se mejore la prestación.
A pedido de la Defensoría del Pueblo de Lanús, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) elevó un requerimiento al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para obtener información detallada sobre la prestación de Edesur en su área de concesión, con el objetivo de promover mayor transparencia y exigir mejoras concretas en la calidad del servicio eléctrico que reciben los vecinos del distrito.
La solicitud, impulsada por Facundo Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús, incluye datos sobre cortes de suministro, estadísticas de reclamos de usuarios, sanciones aplicadas a la empresa prestadora, inversiones realizadas en el Area Metropolitana de Buenos Aires, y medidas regulatorias adoptadas.
“El petitorio busca asegurar una mayor transparencia y mejorar la calidad del servicio eléctrico para los usuarios”, afirmaron desde la Defensoría del Pueblo de Lanús.
En ese orden, Mancebo indicó que “contar con información precisa y actualizada es fundamental para evaluar el desempeño de la gestión, identificar con claridad las problemáticas que atraviesan nuestros vecinos y vecinas, y diseñar acciones concretas que garanticen la defensa y promoción de sus derechos”.
Según se informó, la Defensoría del Pueblo de Lanús -con sede en José Mármol 23- es un órgano unipersonal, independiente, y con autonomía funcional administrativa que promueve los derechos individuales y colectivos, frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal u organismos descentralizados.
Dicho organismo de control autónomo, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, tiene como objetivo central la protección de derechos y resolución de conflictos que afecten a los vecinos del partido de Lanús.
“La función de la Defensoría del Pueblo es proteger y defender los derechos humanos, individuales y sociales de los vecinos de Lanús, frente a actos, hechos u omisiones, de la Administración Pública Municipal, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones", finalizaron.
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