La Justicia de Quilmes, volvió a reclamarle a la empresa Repsol-YPF, la asistencia médica de los vecinos de la ribera afectados con la contaminación y la recuperación de la zona afectada hasta tanto pueda ser habitada nuevamente. El anterior pedido, se hizo hace casi dos años, de la mano del fiscal de Quilmes, Andrés Nieva Woodgate, quien reclamó informes a la gerencia de Repsol-YPF por la contaminación con hidrocarburos que se registra en la ribera, sin embargo, como no se tuvieron novedades de lo solicitado, el funcionario judicial volvió a pedir a la petrolera que realice “un plan de recuperación de la zona afectada hasta lograr que la misma pueda ser nuevamente habitada”. Cabe destacar la contaminación se inició en 1988, debido a una fisura del poliducto que va desde Ensenada hasta la Refinería de Dock Sud, atravesando la ribera de Quilmes. El mal saneamiento del derrame por parte de la empresa Repsol-YPF derivó en 2002, al subir las napas, en una mancha de hidrocarburo de más de 40.000 metros cúbicos que hasta la actualidad en encuentra en las tierras ubicadas alrededor del Club Ciclista (frente al hotel alojamiento ‘Owen’ sobre la calle España). En ese mismo año, los vecinos de la zona comenzaron a manifestar primeros síntomas de la contaminación; y los estudios realizados en los hospitales públicos dieron a luz que los pacientes del lugar tenían un alto índice de benceno y tolueno en sangre, derivados de aromáticos del petróleo.
Emergencia ambiental
La firma Repsol-YPF implementó un plan de remediación para la zona comprendida entre las calles Otamendi y Ortiz de Ocampo y desde la calle 76 hasta Yoldi. Esa zona se declaró en emergencia ambiental y sanitaria en diciembre de 2008, sin embargo, los vecinos continúan esperando respuestas por parte de la petrolera o el Estado. Asimismo, hubo algunos lugareños que cerraron un acuerdo económico y fueron indemnizados, pero la gran mayoría insisten en sus reclamos. Es por esta falta de respuestas, que el fiscal Woodgate, invocando la Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente), reiteró el reclamo a la empresa petrolera, que ya había realizado en 2009. Asimismo pidió descripciones y detalles del petróleo que emana en la actualidad desde el oleoducto en cuestión, sobre la zona damnificada. El representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que deberá llevar a cabo un ordenamiento ambiental del territorio afectado, le pide el cese de la actividad contaminante en esa zona; nuevamente requirió la relocalización “urgente” de la población afectada en un lugar con provisión de agua potable y atención médica también “urgente” para los presuntos damnificados. Además, remarcó el pedido de eliminación del riesgo de que se produzcan explosiones en la zona de la ribera y volvió a exigir la recuperación de la zona para su habitabilidad.

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