Un total de 104 líneas de jurisdicción nacional se ven afectadas por un conflicto financiero del sector. Las empresas reclaman una actualización de los costos operativos y el pago de subsidios atrasados.
El servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó a reducir frecuencias desde las 22 de este lunes, en el marco de un reclamo de las empresas por la situación financiera del sector. La medida alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional y podría extenderse durante la noche, según los recursos disponibles de cada compañía. No se trata de un paro general, sino de una disminución en la cantidad de unidades en circulación.
Las cámaras empresariales sostienen que existe un desfasaje entre los ingresos que reciben y los costos que deben afrontar para mantener los servicios. Según el comunicado difundido, el boleto mínimo se mantiene en $742,81 desde mayo, mientras que el costo real por pasajero, sin contemplar subsidios, asciende a $2.494,13. Además, las compañías señalaron un desajuste de unos $40.000 millones en los fondos proyectados entre junio y octubre.
La reducción alcanza a las siguientes 104 líneas de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Según lo informado por las empresas, la reducción prevista es del 50% entre las 22 y las 5, aunque su aplicación dependerá de los recursos disponibles para cada compañía. Esto podría generar mayores tiempos de espera y afectar a quienes viajan durante la noche entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano.
Por el momento, las cámaras empresariales reclaman una respuesta de las autoridades nacionales para normalizar las prestaciones.
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