Javier Iguacel, administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), lo ejemplificó de la siguiente manera: "Se iniciaba una obra por un monto de 150 millones y después se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con 150, 200 millones de pesos terminaban costando 3 mil millones".
En diálogo con Radio Continental, el funcionario dijo haber encontrado en la Dirección Nacional de Vialidad una "maquinaria que empezaba en la Secretaría de Obras Públicas", que estaba a cargo de José López, que dependía del Ministerio de Planificación.
"Se digitaba quién se quedaba con la obra. Después, el promedio de la ejecución no llegaba al 30, 40 por ciento total del 80 por ciento que agarró ese Grupo. Y, después, tenía una clara indicación de quién cobraba y quién no cobraba. Y siempre el Grupo de Lázaro Báez primero e incluso adelantado", agregó.
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Por su parte, Marijuan reconoció que "la hipótesis más fuerte es el sobreprecio en la obra pública", y consideró que "mucho dinero puede haberse transformado; si es plata ilegal, la transformaba en algo legal".
En ese sentido, el fiscal explicó: "Si en esas obras públicas había un sobreprecio, es posible que las personas se hayan encontrado con un momento dado en que tenían muchísimos millones de pesos en su poder, al que destinaron para distintas maniobras de lavado: vehículos de alta gama, construir cascos de estancias costosos y llamativos, llevarlos al exterior u otros inmuebles".
"Yo estoy viendo cómo esta persona, en un momento determinado, toma una gran cantidad de dinero, del Estado probablemente, y la exporta al exterior y la transforma en bienes muebles e inmuebles para darle una máscara de legalidad", dijo Marijuan.
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