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La jugada del Poder Ejecutivo bonaerense de ingresar un conjunto de proyectos de ley, muchos de ellos de corte e impacto económico directo
La legislatura de la provincia de Buenos Aries se dispone a tratar al menos los siete proyectos de ley que aportan al ‘ajuste de la política’ que la gobernadora María Eugenia Vidal está decidida a desplegar en su segunda parte de su gestión.
La jugada del Poder Ejecutivo bonaerense de ingresar un conjunto de proyectos de ley, muchos de ellos de corte e impacto económico directo, para que en unas 45/50 horas sean sancionado por una legislatura que viene de realizar su sesión preparatoria hace minutos, no deja de ser una maniobra riesgosa.
Premura que resulta riesgosa, no sólo por lo que significa en términos de ‘respeto democrático’, según los términos utilizados por las bancadas de Unidad Ciudadana-FpV, que acusaron no haber tenido tiempo material para leer los proyectos detenidamente; sino también para la tropa oficialista que tiene que ejecutar el trámite legislativo.
Los proyectos demoraron porque las negociaciones empezaron antes de que ingresen a la casa de las leyes y sería el segundo tramo del acuerdo político que motoriza el funcionamiento legislativo en la provincia de Buenos Aires.
Vidal buscó consenso entre los intendentes peronistas denominados ‘dialoguistas’ que poseen bloques en ambas Cámaras y también entre los restos del massismos que sigue teniendo su preponderancia. También atendió expresiones del frente interno de Cambiemos. El ala ortodoxa del gobierno, que al parecer está capitaneando el ministro de Economía, Hernán Lacunza, midió las posibilidades de avanzar con un cambio copernicano en el sistema previsional bonaerense, así lo atestiguan los ‘borradores oficiales’ que se archivaron luego de esa negociación previa.
Elevar las edades jubilatorias de todos los beneficiarios y armonizar con Nación el cálculo para la percepción de los haberes previsionales, fue calificado por algunos aliados como ‘la 125’ del gobierno pasado. No obstante, el paquete sigue incluyendo su capítulo previsional que tiene su perfil vendible. La eliminación de las denominadas jubilaciones de privilegios de los políticos es, sin duda, su costado más taquillero.
Pero, de hecho, la modificación del régimen especial de jubilaciones de trabajadores del Banco Provincia (BAPRO), con el fin de que sus trabajadores tengan un régimen similar al resto de los agentes públicos, está, al parecer costando más de la cuenta.
Para los bancarios, se sube gradualmente la edad jubilatoria de los 57 años actuales a los 65, según el siguiente esquema que comienza en 2020 y finaliza en 2028.Esta caja tiene un déficit de 5.000 millones de pesos anuales, con un sistema previsional de 16 mil jubilados con haberes de entre 36 mil y 150 mil pesos, financiados por unos 8 mil empleados activos.
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Pero más allá de los detalles que podemos dar de los proyectos, el punto es que el trámite parlamentario del conjunto de leyes está en manos de una flamante conducción legislativa de la Cámara baja, la Cámara de origen de los proyectos, que tendrá que demostrar su capacidad de negociación, su muñeca, como se dice.Los diputados oficialistas Manuel Mosca y Maximiliano Abad, presidentes de Cámara y de bloque oficialista respectivamente, tendrán que rendir examen hoy y la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP y presidente del bloque de UC-FpV Florencia Saintout ya evaluó que ‘necesitamos que todos participen, una mayor transparencia, no podemos entender que se hagan las cosas tan mal’.
En el Senado el número es más holgado y las gestiones están en manos de actores más experimentados, el vicegobernador Daniel Salvador y el presidente de la bancada oficialista Roberto Costa. La tensión está allí donde el trámite comienza.
Bajo doble control
Con la presencia del intendente Nicolás Ducoté en el recinto, asumieron los nuevos concejales de Pilar y Gustavo Trindade fue ratificado como presidente del cuerpo.
La sesión tocó que fuera presidida por la concejal de Cambiemos, Mariel Ross, que fue la primera en tomar juramento. Posteriormente lo hicieron sus compañeros de bloque Jessica Bortulé, Gustavo Trindade, Analía Leguizamón y Carlos Arena.
Por la oposición tomaron juramento los ediles que ingresaron por la lista de Unidad Ciudadana, Federico Achával, Elizabeth ‘Lizzie’ Wanger, Santiago Laurent, José Molina y Paula González; y por el Frente 1País, Claudia Juárez y Flavio Álvarez.
A la hora de la elección de autoridades, Gustavo Trindade fue ratificado en el cargo de presidente por mayoría y sin mayores sobresaltos.
La discusión ganó la escena del deliberativo local cuando llegó la hora de elegir a quien le correspondía la vicepresidencia I que finalmente volvió a manos de la concejal radical Claudia Zakhem. Pero desde el bando del concejal José Molina se expresó el descontento porque entendían que ese lugar debía ser ocupado por algún representante de la oposición, por lo que terminó adelantando su voto negativo. Así la presidencia y la vice I quedó para el oficialismo.
El turno de la oposición llegó recién a la hora de elegir la Vicepresidencia II, que quedó para la edil de 1País, Claudia Juárez.
Termoeléctricas
Ya que andamos por esta zona, vale consignar aquí que, ante la falta de respuestas por parte de las empresas, la Municipalidad de Escobar reiteró mediante sendas cartas documento, a las centrales termoeléctricas instaladas en Pilar, el pedido para que presenten la información técnica solicitada por el intendente Ariel Sujarchuk el pasado 21 de noviembre.
La notificación legal dirigida a Araucaria Energy y APR Energy, con un plazo perentorio de 24 horas, exige la presentación de toda la información necesaria para que los equipos técnicos de la Municipalidad de Escobar puedan establecer el impacto ambiental que tendría el funcionamiento de estas centrales en relación con la emisión de gases, el tratamiento del agua, los niveles de contaminación sonora, el manejo de residuos sólidos, y las medidas de seguridad y monitoreo, entre otras cuestiones.
Aeropuerto Oeste
La preocupación de los intendentes de la región oeste por el impacto que tendrá la construcción del aeropuerto comercial de El Palomar en la vida de los vecinos y la creciente queja de grupos ambientalistas, que incluso presentaron amparos en la Justicia, hizo que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se haga un lugar en su agenda para recibir a los alcaldes y explicar de qué se trata el plan aerocomercial que puso en marcha el Gobierno de Mauricio Macri.
Al encuentro con el funcionario asistieron los jefes comunales de Morón y Tres de Febrero, Ramiro Tagliaferro y Diego Valenzuela, respectivamente; el subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Lucas Delfino; y su par bonaerense, Alex Campbell, que aun no definió que si asumirá como concejal en San Fernando o seguirá como funcionario provincial. Durante la charla, Dietrich fue enfático al defender el proyecto oficial que está en plena ejecución al asegurar que ‘el transporte aéreo es una pieza fundamental y no hay que tener miedo a las transformaciones’.Sin embargo, la visión de los vecinos que se oponen a la mega construcción y que impulsaron la demanda en la Justicia es que ‘esto se llama reacción a que fueron notificados el jueves del vodoque del amparo con más de mil fojas’. Así lo aseguró el abogado Lucas Marisi, promotor del amparo. La causa está en manos de la jueza federal de San Martín Martina Forns.