El jefe de Gabinete afirmó que concurrirán "de modo inmediato" a las cámaras de diputados y senadores. Además, el ministro de Economíadará una conferencia de prensa este martes a las 18 sobre el plan de Gobierno al respecto.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, concurrirán de "modo inmediato" al Congreso de la Nación para explicar a los legisladores de ambas cámaras "los alcances del proceso de reestructuración y del reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos".

Así lo anunció esta mañana el jefe de ministros en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que consignó que, tal cual la instrucción que recibieron de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coordinarán "en el transcurso del día de hoy" con las autoridades de ambas Cámaras el momento en el que concurrirán al Congreso.

Además, Capitanich reafirmó que esta tarde a las 18, el ministro de Economía brindará una conferencia de prensa en la que brindará detalles del "alcance del fallo y las acciones a emprender" a la luz de la decisión tomada ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por otra parte, el jefe de Gabinete opinó que "se intentó socavar los cimientos del proceso de reestructuración de la deuda soberana más exitosa de la historia reciente de la humanidad".

Agregó que el proceso de reestructuración de la deuda fue exitoso porque se logró "sin la participación de ningún organismo internacional de crédito (FMI), y porque generó una adhesión voluntaria del 92 por ciento de los acreedores", dijo Capitanich.

Explicó que la reestructuración implicó "una quita de carácter sustantivo que permitió el ahorro de entre 75.000 a 81.000 millones de dólares, que garantizó la capacidad de pago sin afectar el crecimiento, el desarrollo económico, el empleo y la distribución equitativa de la riqueza".

Finalmente, el jefe de Ministros advirtió que si esta decisión de la Corte de Estados Unidos se proyecta al resto de los bonistas, Argentina tendría que pagar a los acreedores que tampoco adhirieron al canje 15.000 millones de dólares (7% de los acreedores) con el consecuente impacto que tendría sobre las finanzas argentinas.

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