El martes 30 de marzo, luego de dos años de congelamientos, será la instancia para discutir las nuevas taritas de Edenor y Edesur.

Edenor y Edesur, las distribuidoras de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pedirán respectivamente subas del 28% y el 34% en la próxima audiencia pública para discutir los futuros cuadros tarifarios del servicio.

Las dos distribuidoras del Área Metropolitana, que cuentan con más de 5,7 millones de clientes, presentaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) pedidos de incrementos en las tarifas de los usuarios residenciales, de cara a la audiencia pública que se realizará el próximo 30 de marzo a partir de las 8 para definir un Régimen Tarifario de Transición.

Edenor tiene 3,2 millones de clientes que implican 9 millones de personas, con una participación del 20% del mercado total, mientras que Edesur presta servicio a 2,5 millones de clientes ó 6,1 millones de personas, equivalente al 21% del total país.

El informe elevado al ENRE, por parte de Edenor, plantea una necesidad de fondos que en términos de aumentos tarifarios (los que se podrán cubrir vía subsidios o vía facturación al consumidor) significarían un aumento del 31% sobre el valor final en factura. Siempre y cuando no exista otro cambio dentro del precio estacional de la energía y el valor de transporte.

Cuando la estimación se acota a los usuarios residenciales el incremento propuesto es del 28% promedio final factura, y en todos los casos basados en la premisa macroeconómica oficial de una inflación de 29%, un tipo de cambio a diciembre de $102,46 y un incremento de las ventas en GWh de 2,3%.

Mientras que Edesur, distribuidora que forma parte del Grupo Enel, planteó sus proyecciones de necesidades de flujo de caja para este año con un acumulado negativo estimado de $34.260 millones, lo que contempla un nivel de inversiones de $ 17.100 millones a lo largo de los 12 meses.

En ese esquema de actualización de tarifas transitorias, Edesur estimó que el impacto de todos los segmentos de su demanda alcanzaría un incremento del 45%, dentro del cual para el usuario residencial el impacto sería del 34%, para grandes demandas menores a 300 kw del 45% y mayores a ese consumo del 88%, excluyendo clientes de entes públicos, de salud y educación.

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